LAB informó ayer que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha rectificado muchas de las resoluciones en las que denegaba el subsidio de excarcelación a presos políticos, desobedeciendo la sentencia del TC del 23 de junio, que declaró nula e inconstitucional la artimaña introducida por el Ejecutivo español en la Ley de Presupuestos de 2014. El cambio de actitud, apuntó, se ha acelerado a raíz de que el 1 de diciembre interpusiesen una denuncia por un presunto delito de prevaricación contra la directora en Bizkaia del organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El día 24 están citados a declarar por esa denuncia.

El sindicato profundiza en datos adelantados por GARA en su edición del lunes, como que cinco días después de que sus abogados formalizasen la denuncia ante los juzgados de lo Penal de Bilbo, el SEPE dictó nuevas resoluciones rectificando otras emitidas en setiembre en que rechazó pagar el subsidio a cuatro expresos. Al menos 16 antiguos prisioneros cobrarán el 10 de enero la ayuda, tal y como se les ha comunicado, ya sea la totalidad de las 18 mensualidades a las que tienen derecho o las 12, habiendóseles informado que pueden solicitar una prórroga de seis meses. Además, algunos juzgados han instado al SEPE a que cumpla la sentencia del TC.

«Nos consta que la denuncia interpuesta ha generado nerviosismo en los ámbitos internos del SEPE, cuyos responsables solo fueron capaces en su día de justificar su actuación ‘por cumplir órdenes de Madrid’», manifestaron desde LAB. Asimismo, dieron a conocer que saben de la existencia de una circular dirigida a las oficinas del SEPE ordenando el pago del subsidio a aquellos expresos a los que se había denegado.

La central desveló también que la subdirección del SEPE en Gipuzkoa se ha puesto directamente en contacto con su asesoría jurídica para que le aporte la relación de expedientes pendientes en los juzgados para su revisión de oficio.

«Todo ello nos ratifica en la valoración que nos llevó a interponer la denuncia por prevaricación contra la dirección provincial de Bizkaia, al quedar de manifiesto con esta actuación que la intención del SEPE no ha sido otra que la de alargar e intentar seguir infringiendo un daño a este colectivo de personas, sin recursos económicos tras su excarcelación, a sabiendas de su injusticia y arbitrariedad», señalaron desde LAB.