Si los términos adelantados ayer por el PSOE se plasman en el real decreto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana, las personas afectadas por cláusulas suelo podrán recibir en efectivo la devolución de los importes cobrados de forma abusiva por los bancos en un plazo máximo de tres meses a través de un mecanismo extrajudicial. No obstante, si lo prefieren, quienes firmaron este tipo de cláusulas hipotecarias podrán acudir a la vía judicial y, con carácter general, las entidades financieras no se verán eximidas de pagar las costas del juicio como pretendía el Gobierno de Mariano Rajoy hasta la pasada semana.

Según el texto que trasladó el PSOE a los medios de comunicación en el Congreso tras anunciar su pacto con el Ejecutivo del PP, en la oferta que haga el banco a los consumidores tienen que aparecer «de forma clara» los correspondientes intereses de demora de las cantidades adeudadas. Además, fiscalmente no habrá recargos, ni sanciones, ni intereses de demora por las reclamaciones.

En caso de que la entidad financiera ofreciera otro acuerdo al consumidor diferente a la vía extrajudicial, como la devolución mediante amortización parcial del capital del préstamo, el banco deberá informar por escrito y avalar con un documento la nueva oferta que, en todo caso, será equivalente al dinero que debe devolver. El consumidor tendría un plazo de 15 días para evaluar dicha oferta.

Los bancos estarán obligados a informar a los afectados de esta vía extrajudicial. También se creará una Comisión de Seguimiento y Evaluación que podrá proponer las medidas que considere necesarias para impulsar una correcta implantación del nuevo mecanismo extrajudicial. En este órgano estarán representados los consumidores, la Abogacía y el Ministerio de Economía y Justicia.

El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, valoró positivamente que el nuevo mecanismo sea rápido, gratuito y transparente, mientras que la diputada Margarita Robles destacó que se agilicen las reclamaciones que ya han presentado cerca de 1,7 millones de afectados en los juzgados.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, precisó que lo primero que habrá que definir será la cantidad que se ha cobrado de forma indebida, siempre y cuando la cláusula se aplicara de forma incorrecta, y reiteró que el Gobierno «no puede meterse en medio de una negociación entre particulares».