05/02/2017

El Gobierno español desvincula los precios públicos del IPC
GARA|MADRID

El desarrollo de la Ley de Desindexación aprobado el viernes por el Consejo de Ministros establece que los valores monetarios públicos –como rentas, precios o tasas– dejarán de estar vinculados al índice de precios de consumo (IPC) y solo se revisarán cuando varíen sus costes específicos.

Con el nuevo decreto, el Gobierno español pretende evitar la denominada «segunda ronda de inflación», que supone un alza automática en los precios aunque los costes específicos de ese servicio no se hayan visto alterados –un ejemplo sería revisar un alquiler público porque el IPC se ha incrementado por el encarecimiento de la electricidad–.

«Con las indexaciones, la inflación se convierte en causa y consecuencia de sí misma», lo que conlleva a una pérdida de la competitividad, según explicaron a la agencia Efe fuentes del Ministerio de Economía.

Las nuevas excepciones

La propia Ley de Desindexación ya dejaba fuera de su ámbito de aplicación la negociación colectiva, las pensiones y la deuda del Estado.

Ahora, el real decreto establece tres excepciones adicionales, que sí podrán indexarse, pero no al IPC. Estas excepciones son los productos energéticos, como la electricidad, el gas o el precio del butano –cuyo precio está ligado a la materia prima–; determinados contratos del sector público que supongan una gran inversión y un periodo largo de recuperación de esta -como obras y concesiones-; y los contratos de arrendamiento del sector público.

En estos casos, la indexación se realizará conforme a un índice específico establecido en el contrato y estará sujeta a algunas limitaciones.