El Tribunal Constitucional (TC) español acordó por unanimidad anular la convocatoria del referéndum soberanista en Catalunya, con o sin acuerdo con el Estado, y denunciar ante el fiscal a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a cuatro miembros de la Mesa.

De este modo, el Constitucional acepta el incidente de ejecución que le planteó el Gobierno español contra la resolución del Parlament que convocaba la consulta, resolución que ya había suspendido cautelarmente y que ahora anula de manera definitiva.

Aunque el TC no entra a decir si existe o no delito, lo deja en manos de la Fiscalía que, con toda probabilidad, presentará una querella en los próximos días contra Forcadell y los miembros de la Mesa afectados: Lluis Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet Y Ramona Barrufet.

Será la segunda denuncia penal por parte del TC contra Forcadell y también la segunda querella del fiscal contra ella, a la que ya acusó de desobediencia al TC y prevaricación al permitir que se votara la hoja de ruta independentista en el Parlament. El TC, además, ha apercibido a los ya citados, pero también al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los miembros de su Gobierno, de que, si convocan un referéndum incurrirán en posibles responsabilidades penales, por una posible desobediencia a sus sentencias.

Junto a ello, ha anulado los apartados de la resolución 306/XI del Parlament titulados «Referéndum» y «Proceso Constituyente», incluidos en el título «El futuro político de Cataluña».

Forcadell, y los otros cuatro diputados alegaron en su día que, si se les obliga a censurar resoluciones por su contenido independentista, «la democracia desaparece». La Fiscalía actuará, probablemente, no solo contra los miembros de la Mesa que votaron a favor, sino también contra Joan Josep Nuet, de SíQueEsPot, que se abstuvo en la votación.

La consellera de la Presidencia, Neus Munté, afirmó de que la decisión del TC «no altera en nada nuestra voluntad inequívoca de continuar trabajando para poder celebrar un referéndum en 2017» y recordó que esta voluntad viene «reforzada por una mayoría parlamentaria» y una «mayoría social».

Munté, que mostró su «apoyo incondicional» a Forcadell y a los miembros de la Mesa, insistió en que el Govern mantiene el calendario previsto para el referéndum, que debe celebrarse como muy tarde a finales de setiembre.