La consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, dijo que «el debate» no está en tener un sistema vasco de pensiones, sino en apuntalar y mejorar el vigente, y para ello el Gobierno de Lakua quiere lograr en esta legislatura la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

San José respondió así en el pleno de control que celebró ayer la Cámara autonómica a la parlamentaria de EH Bildu Eva Blanco, quien insistió en que la coalición apuesta por un sistema propio de pensiones porque en el Estado «la vaca no da para más» y defendió su viabilidad. Recordó que esta opción ha sido avalada por muchos economistas vascos, como se hizo patente en el último Ekonometro.

La consejera, según recogió Efe, señaló que el Ejecutivo de coalición PNV-PSE no quiere «correr riesgos» con algo «tan delicado», afirmando que «predica con el ejemplo» y que ahí está la Renta de Garantía de Ingresos para «complementar» las pensiones que son insuficientes. «Estamos dispuestos a debatir y aportar soluciones que hagan sostenible en el tiempo» ese sistema, pero para ello se requiere tiempo, informes y «mucho rigor», indicó.

En los términos del Estatuto

«Vamos a negociar con el Gobierno central los términos que se establecen en el Estatuto», manifestó San José, que puntualizó que quieren establecer los «convenios oportunos» que permitan esa gestión «sin romper el carácter unitario y de reparto, el principio de solidaridad del sistema de pensiones».

Blanco incidió en que un sistema propio no solo es económicamente viable, sino que también es «socialmente deseable porque permitiría garantizar pensiones dignas». Tras el debate, la parlamentaria soberanista lamentó que la consejera de Trabajo hubiera apostado «por seguir en el marco de un sistema, el español, que se caracteriza por sus pensiones miserables». «La respuesta de la consejera de Trabajo y Justicia es muy grave porque apostar por el sistema español significa en la práctica renunciar a garantizar pensiones dignas –añadió–. Es realmente grave y preocupante que un Gobierno presidido por un lehendakari que se define como abertzale renuncie a dotarse de todos los instrumentos sin excepción para dar forma a un sistema vasco de pensiones que garantice condiciones de vida dignas a las personas pensionistas».

LAB considera que este debate es determinante para Euskal Herria

Casi al mismo tiempo que se desarrollaba la sesión de control en el Parlamento de Gasteiz, LAB trasladaba el tema a las calles de las capitales y a los centros de trabajo, ya que sus delegados y afiliados llevaron a cabo una «jornada de propaganda» para reivindicar la constitución de un sistema vasco de protección social, bajo la premisa de que las políticas del Gobierno español «ponen en riesgo» las pensiones.

En este contexto, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, instó al Gobierno de Lakua a abordar la manera de construir ese sistema público propio en la CAV y, precisamente, reclamó a la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, que comparezca en el Parlamento para abrir el debate sobre un sistema propio de protección social que garantice «unas pensiones y puestos de trabajo dignos» a la ciudadanía.

En las calles de Bilbo, Etxaide también reclamó al Ejecutivo de Iñigo Urkullu que explique a la ciudadanía «si apuesta por seguir dando pasos en el camino abierto por el Pacto de Toledo hacia la privatización, la liquidación del sistema público, o de una vez por todas abordamos la cuestión» de cómo se construye un sistema propio y de las competencias que son necesarias para ello.

La comisión del Pacto de Toledo es el organismo del Parlamento español en el que actualmente se está analizando la sostenibilidad del sistema de pensiones, con la comparecencia, además de políticos y expertos, de representantes de las principales patronales y de los sindicatos mayoritarios españoles. «Gobierno y gran banca han hecho todo lo que ha sido necesario para pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización con el único fin de sacar beneficio del ahorro acumulada por los trabajadores», censuró Etxaide.

«Queremos que esta demanda esté presente en las instituciones», manifestó, para añadir que este debate, en el que deben participar todos los agentes sociales, es «determinante para el futuro de Euskal Herria».

Respecto al planteamiento del gobernador del Banco de España en favor de prolongar la edad de jubilación, Etxaide replicó que «con 67 años nadie se merece estar subido a un andamio y nadie puede seguir trabajando en la limpieza». GARA