18/02/2017

Fiscalía y acusación popular mantienen que hay «pruebas suficientes»

Fiscalía y acusación popular sostienen que «hay pruebas suficientes» que incriminan a Mario Fernández, Mikel Cabieces y Rafael Alcorta por acordar pagos de 5.873 euros mensuales a cargo de Kutxabank al expolítico durante tres años. Las defensas, que cargaron contra la demoledora auditoría interna de la entidad, pidieron la absolución.

Nerea GOTI|BILBO
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El juicio en la Audiencia de Bizkaia contra el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández; el exdelegado del Gobierno español en la CAV Mikel Cabieces, y el abogado Rafa Alcorta por los pagos realizados por la entidad bancaria al excargo del PSE durante casi tres años, quedó ayer visto para sentencia, en una última sesión en la que Fiscalía, acusación popular y las defensas de los tres acusados presentaron sus calificaciones después de dos extensas sesiones con declaraciones de más de una decena de testigos además de las de los propios acusados, que tan solo rehusaron responder a la acusación popular que ejercen los sindicatos LAB, ESk, Steilas, EHNE, Hiru, la asociación de consumidores EKA y la plataforma de pensionistas de Euskal Herria.

Las defensas pidieron la absolución presentando unos hechos que calificaron de nada extraños, sino justificados por la preparación profesional de Cabieces, que buscaba empleo tras abandonar el cargo, y la carga de trabajo excepcional que el bufete de Alcorta experimentaba con la fusión de las cajas. Sin embargo, Fiscalía y acusación popular devolvieron el foco sobre los hechos por los que los tres acusados fueron sentados en el banquillo, la existencia documentada de pagos mensuales de 5.873 euros a Cabieces a través del bufete de Alcorta por orden del expresidente de la entidad, Mario Fernández, tras haber recibido las llamadas de altos dirigentes políticos para buscar acomodo profesional al excargo del PSE, unido al hecho añadido de que no se haya probado documentalmente qué trabajos realizó el expolítico a cambio de las citadas mensualidades.

Fue «un compromiso de pagos a Cabieces a costa de la entidad», según describió el Ministerio Fiscal, que remarcó que «no hay documento ni prueba tangible» que acredite que Cabieces hiciera trabajo alguno en el bufete de Alcorta en los tres años en los que recibió 5.873 euros mensuales «si o sí», en base al acuerdo alcanzado y firmado por Fernández y el exdelegado del Gobierno en la CAV el 29 de febrero de 2012. Tal y como indicó, «hay pruebas incriminatorias suficientes» sobre unos hechos «cometidos de común acuerdo». «Aquí lo que hay es una orden de pagar unas cantidades» y «unas instrucciones precisas» y el resultado de esa ecuación es que «Cabieces salía ganando» y Kutxabank pagaba y, por tanto, «salía perdiendo».

La Fiscalía, que mantuvo la petición de penas de dos años de cárcel por administración desleal o tres años por apropiación indebida, recordó, asimismo, que para contratar a Cabieces «evitaban procesos de contratación habituales» y recordó la cuestión planteada ante la sala por el responsable de la auditoría interna, Roberto Moll, sobre por qué no se contrató directamente a Mikel Cabieces. Puso sobre la mesa datos llamativos como el hecho de que el responsable de Recursos Humanos guardara en su caja fuerte los documentos que luego presentaría ante la Fiscalía. «Por algo sería», agregó.

Lo que se juzga

La acusación popular, ejercida por la letrada Jone Goirizelaia, mantuvo, asimismo, la petición de condena tras escuchar las declaraciones de testigos y procesados y lo hizo recordando que su acusación se hace en nombre de sindicatos y personas que entendieron que estos hechos les han perjudicado.

Recordó la letrada que en el origen de estos hechos está la llamada de un político «que le pide a Mario Fernández que haga algo por Cabieces» y que «a partir de ahí hay que pensar cómo se hace eso», de dónde salen y cómo se hacen esos pagos, que es lo que da lugar a los hechos que se enjuician y no la profesionalidad de los acusados, a la vista de que durante el juicio las defensas pusieron mucho énfasis en recalcar las buenas prácticas y gestión eficaz de los acusados al frente de Kutxabank. «Es irrelevante lo bien o mal que trabajaran o si renunciaron a minutas, no es eso lo que se juzga», zanjó Goirizelaia.

Otra de las cuestiones planteadas por la acusación popular es «el fuego de artificio» de las defensas sobre las fechas en las que se interpuso la denuncia, sobre lo que precisó que «nadie ha impugnado las testificales ni las periciales» y pese a ello se intenta restar veracidad sobre el testimonio de la responsable de asesoría jurídica de la entidad, Irantzu Irastorza.

Lanzó la abogada otra reflexión al hilo de una idea ya planteada durante el juicio en varias ocasiones: «si esto fuera normalísimo», por qué se guarda la documentación y cuando llega un nuevo presidente a la entidad se le hace llegar la información y se monta «un revuelo interno» que acaba en entidades reguladoras como el Banco de España y el Banco Central Europeo con la consiguiente advertencia de que los hechos se debían poner en conocimiento de la Fiscalía.

El letrado defensor de Mario Fernández, el exmagistrado de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, hizo una extensa y densa exposición de cuestiones técnicas para pedir la absolución, empezando por manifestar que ve confirmadas sus «sospechas» de que el juicio pretende una «depuración de responsabilidades políticas» de Fernández y Cabieces. Insistió, asimismo, en que ni Kutxabank ni depositarios son denunciantes del perjuicio y afirmó que «aquí no están todos los que son, ni son ninguno de los que están».

 

Sin rastro «tangible» de un trabajo que costó 243.592 euros

No es el fondo del asunto que se juzga, que tiene que ver más con cómo se urdieron los pagos considerados irregulares, pero a lo largo del juicio ha estado muy presente la duda sobre si Cabieces realizó realmente algún trabajo como asesor de Alcorta y lo cierto es que, como destacó el fiscal, no se ha presentado «una sola prueba tangible y documentada del supuesto trabajo» realizado durante tres años. «Ni un solo escrito, ni un solo correo, ni una sola nota manuscrita, ni siquiera un post-it de la mano del señor Cabieces», señaló. Que los empleados del bufete de Alcorta aseguren que le veían en el despacho «no acredita que trabajara», agregó la acusación popular, que llamó la atención sobre un dato ofrecido por Alcorta en su declaración, en la que citaba como relevancia de la colaboración de Cabieces que este le hubiera puesto en contacto «con un alto dirigente» de una institución, dadas sus relaciones políticas.

Apuntó la Fiscalía que hay un claro caso de pago por servicios no prestados en las últimas cuatro mensualidades y 900 euros por dietas, «una factura falsa en la que se finiquitan los pagos previstos» y que no llegó a cobrar porque «le quemaba en las manos», ya que los hechos ya se habían hecho públicos. El fiscal puso de manifiesto, asimismo, que «no es creíble» que Cabieces simultanease estos servicios a Alcorta con los que prestaba a Iberdrola y por los que cobraba 5.000 euros mensuales.N.G.

PAGA KUTXABANK


La Fiscalía mantiene la petición de dos años de cárcel por administración desleal o tres años por apropiación indebida por pagos a Cabieces con fondos de Kutxabank que ascienden a 243.592 euros, a razón de casi 6.000 euros mensuales.

«BENEFICIOSO»


El letrado de Mario Fernández destacó que su defendido «no solo no causó perjuicio económico alguno a Kutxabank» sino que su actuación fue «beneficiosa». Recordó que devolvió la cantidad y que Fernández renunció durante su gestión a dietas.

«NO PODÍA SABERLO»


Javier Beramendi, representante legal de Rafael Alcorta, defendió que el abogado tuvo que aceptar la orden de Kutxabank y agregó que «si dentro de la entidad hubo ocultamiento o no se respetaron las normas y si se ha perjudicado a la entidad, Alcorta no podía saberlo».

UN POLÍTICO RELEVANTE


El letrado de Mikel Cabieces, Jesús Urraza, aseguró que si el protagonista de los hechos no fuera un político relevante no hubiera existido proceso y consideró «ilegal» la intromisión de los auditores en las cuentas de Alcorta y Cabieces para rastrear el sobrecoste de la iguala.

PUERTAS GIRATORIAS


«No estamos aquí para hablar de puertas giratorias sino de derechos», sostuvo la defensa de Fernández. Recordó que Kutxabank renunció a ejercer acciones y ningún depositario individual ni asociado denunció los hechos, obviando a los representados en la acusación popular.