El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmó ayer que la reforma registrada por el PNV para cambiar 44 preceptos de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, «constituye un buen punto de partida» para su reforma, evitando la derogación de la ley, que proponen otros grupos y que según su visión «generaría un vacío normativo de imprevisibles efectos».

«Con las herramientas del diálogo y la buena voluntad de todos, estamos caminando por una acertada ruta para modificar, con el mayor apoyo parlamentario posible, la mencionada ley», defendió Zoido en su comparecencia en el Senado para fijar las principales líneas de su Departamento.

El ministro tuvo en su discurso una mención expresa a la proposición de ley orgánica que registró el pasado 20 de enero el PNV. «Entendemos que contiene algunas propuestas que pueden contribuir a mejorar técnicamente el texto legal. Otras merecen una consideración más detenida, pero constituye un buen punto de partida», aseguró.

La propuesta del PNV

La propuesta registrada por el PNV propone, entre otros aspectos, que deje de ser una infracción grave (con hasta 30.000 euros de multa) el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También quiere que deje de considerarse grave manifestarse ante el Congreso y el Senado perturbando la seguridad pública.

Según el grupo jeltzale, este tipo de sanciones «supone una prohibición, general y preventiva, a la libertad activa y pasiva de información con reserva de autorización no respetando, con ello, los principios de proporcionalidad y ponderación que se ha venido exigiendo por el mismo Tribunal Constitucional».

Este mismo martes, el Defensor del Pueblo cuestionó en su informe anual la aplicación del régimen sancionador de la Ley de Seguridad Ciudadana en lo referente a las sanciones a periodistas y manifestantes. «El ejercicio de un derecho constitucional no puede nunca ser objeto de sanción», sostiene la institución.

En cuanto a las propuestas de derogación de la ley, el ministro de Interior manifestó que «la derogación generaría un vacío normativo de imprevisibles efectos». Porque según Juan Ignacio Zoido, dejaría sin cobertura legal a buen número de actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no sólo del régimen sancionador, sino de asuntos cotidianos como la expedición del DNI o el pasaporte.

En el transcurso de la comparecencia, el ministro censuró que se hable de esta ley como «Ley Mordaza».