El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) deberá afrontar los contratos de cobertura de interés swaps suscritos por el PNV en 2011 con los créditos para financiar el anterior proyecto de incineradora, aunque estos no fueron utilizados, después de que la Audiencia de Gipuzkoa haya ratificado la sentencia del Juzgado de Primera instancia que se pronunció en este sentido. De esta forma, queda desestimada la demanda interpuesta por los gestores de GHK cuando gobernaba EH Bildu contra La Caixa y el Banco Santander. Cabe Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de veinte días.

El pago de los intereses asciende a 600.000 euros mensuales. Desde el inicio de este proceso, los dirigentes del consorcio de la coalición han denunciado que se estaban pagando intereses por la cobertura de la totalidad del crédito, de 175 millones de euros, y no por la cantidad empleada realmente: 9,7 millones.

La Diputación de Gipuzkoa no tardó en reaccionar. El diputado de Medio Ambiente, Jose Ignacio Asensio, dijo que la sentencia «deja al descubierto las vergüenzas de EH Bildu», y que esto obliga a «pagar la hipoteca pero no tenemos casa», porque la coalición ordenó paralizar la construcción de la incineradora.

La sentencia ratifica que GHK era plenamente consciente de lo que firmaba con los bancos, es decir, que ataba de pies y manos a los sucesivos gestores, en caso de un relevo, tal y como sucedió. De hecho, la Diputación también obvia en su valoración que el acuerdo con la banca se cerró a pocos días de las elecciones forales y municipales que trajeron un vuelco en las instituciones.

Primeros meses de 2011

La resolución judicial no aprecia la concurrencia de «causa alguna de nulidad» y entiende que la figura de los swaps «era una de las habituales de mercado en la fecha en la que se formalizaron», considerando, además, que eran «acordes» con la financiación que pretendían cubrir «careciendo de contenido especulativo». Conviene recordar que, ya en el momento de la firma, el contrato generó unas «minusvalías» económicas de 5,7 millones de euros.

Fue en los primeros meses de 2011 cuando el entonces diputado de Medio Ambiente y presidente de GHK, Carlos Ormazabal; y el director del consorcio, Joxi Etxezarreta, aprobaron estos compromisos sin informar al Consejo de Administración y modificando las condiciones avaladas por este órgano, ya que en vez de abonar los intereses en función del capital gastado, se hizo en base a un calendario hipotético a veinte años vista, se cumpliera o no.

La Caixa sometió a ambos a sendos test para «determinar su experiencia y conocimientos de determinados productos y servicios financieros, así como el riesgo inherente a los mismos». Con los resultados en la mano, la entidad les desaconsejó contratar el producto, pero dejó en sus manos la decisión. Es evidente que siguieron para adelante. Dos días después, con todo firmado, ambos compartían mesa y angulas con banqueros y representantes forales, entre ellos el entonces diputado general, Markel Olano, para celebrar la operación a cuenta del erario público. Curiosamente, la Diputación recriminó ayer a EH Bildu un «absoluto desprecio por el interés público».