El Foro Social Permanente vuelve a la carga con la cuestión pendiente del regreso a casa de presos y huidos, sobre la que ya hizo recomendaciones en 2013 y para la que ahora ve nuevas opciones y también renovadas fuerzas. Al inicio de la sesión de ayer, el exdecano del Colegio de Abogados de Bizkaia Nazario de Oleaga y la exparlamentaria Nekane Alzelai explicaron qué buscan: una hoja de ruta compartida, como la que pretenden para el desarme, cuestión que admiten muy ligada. Pero si en el desarme los tres pivotes de apoyo los forman instituciones vascas, sociedad civil y comunidad internacional, en el tema de los presos este último vértice sobra y en él se sitúan ineludiblemente «los colectivos de las personas presas y exiliadas».

Avanzada ya la sesión celebrada en el campus de Ibaeta, el anunciado mensaje de EPPK confirmó su disposición plena a implicarse en esa búsqueda de consenso, apuntada ya en comunicados anteriores: «Ha llegado la hora de concretar una hoja de ruta para vaciar las cárceles, cada uno haciendo aportaciones constructivas desde su espacio particular», dice el mensaje emitido en vídeo. Lo escucharon representantes políticos como Arnaldo Otegi (EH Bildu), Joseba Egibar (PNV) y Pili Zabala (Elkarrekin Podemos), junto a otros referentes sociales y decenas de interesados en el tema, incluido un buen número de exprisioneros.

Asume el Colectivo que esos acuerdos deben ser «transversales e inclusivos» y que «el sujeto principal tiene que ser la ciudadanía vasca. Ha llegado la hora de poner un cierre firme, estable y aceptado por todos al anterior ciclo político. Tenemos que hacer lo posible y lo imposible para ofrecer a nuestros hijos e hijas una Euskal Herria en paz, reconciliada y justa. Y hay que crear el camino para todo eso, porque es el futuro de Euskal Herria lo que está en juego».

Junto a ello, el Colectivo recuerda la declaración de diciembre de 2013 que abría la puerta a explorar las vías legales y lamenta que «su potencialidad quedara debilitada» por los ataques represivos, dado que debía desarrollarse con el respaldo de la sociedad vasca y este quedó cortocircuitado. Considera que ahora se han abierto nuevas condiciones para seguir desplegándola, y ubica aquí el debate interno que está desarrollando.

Terreno difícil pero posible

Y de vías legales se habló sobre todo en la primera mesa redonda de esta sesión de cuatro horas. El vídeo que la precedió había resumido en una metáfora las oportunidades y dificultades: «Entrar en un terreno de maleza es difícil, pero cuanto más se pise, más fácil resultará».

El abogado Iñigo Iruin hizo gala de realismo al poner el foco sobre las más de 150 personas presas con larguísimas condenas y sometidas a la ley 7/2003, «esa gran losa con muy pocos resquicios». Recordó la elevación del tope de cumplimiento de condena a 40 años, la dilatación también del plazo para acceder a tercer grado y libertad condicional (en ocasiones hasta los 32 y 35 años), las condiciones draconianas... y concluyó tajantemente que se trata de una auténtica «cadena perpetua».

Dando un paso más, Iruin explicó cuál es la doctrina del Tribunal Europeo al respecto, para remarcar con casos de Chipre o Reino Unido que a Estrasburgo no le preocupa tanto la definición teórica de la condena, sino que exista una «revisión» efectiva en un plazo prudencial, de modo que permita excarcelaciones. Es lo que ha ocurrido en Alemania con militantes de la RAF condenados a cinco o seis cadenas perpetuas por cabeza, pero que realmente han salido a la calle en 25 años, cuando en el Estado español esa ley 7/2003 impone 40. En un fallo sobre un caso británico, Estrasburgo explicita que no acepta una revisión más tardía de los 25 años de cárcel. Hungría ha sido condenada porque pretendía retrasarla hasta los 40.

La investigadora de la UPV Laura Pego detalló el precedente del norte de Irlanda, poniendo el acento en que aquellas excarcelaciones masivas (casi todas en apenas dos años) no fueron una amnistía sino una «libertad condicionada». El resultado inmediato consistió en el reforzamiento del proceso. Y la constatación actual añadida es que «la reincidencia ha sido casi nula».

En cuanto a Rafa Sainz de Rozas, de la oficina del Ararteko, destacó que «la Constitución dice que no puede haber indultos generales, pero las circunstancias individuales deben ser atendidas y esto es perfectamente legal». También defendió que el llamado «pronóstico criminal» no puede ser ahora el mismo que cuando ETA atentaba, dado que esta organización ha renunciado a la violencia unilateralmente y las personas presas por militar en ella «obedecen sus postulados». Afirmó, en resumen, que «los requisitos que exige el Código Penal están hoy ya perfectamente integrados, y es totalmente posible encontrar vías de solución».

Aportaciones sociales

Desde un prisma no ya jurídico, sino social, la mesa redonda final agrupó al exconsejero Joseba Azkarraga (hoy en Sare), la profesora Jule Goikoetxea y la abogada Xantiana Cachenaut.

Azkarraga hizo hincapié en lo insólito de la actitud estatal, opuesta incluso al desarme, y la necesidad consiguiente de que la sociedad civil vasca ejerza de «palanca». En paralelo, consideró conveniente que ETA «haga autocrítica, aunque no la hagan otros, a fin de desarmarles». Y dio importancia también a la cuestión de la memoria y el relato, subrayando que debe empezar desde 1936.

Goikoetxea reflejó que, al contrario de lo que ocurre en otros procesos del mundo, en el vasco solo hay presos de uno de los bandos y tampoco existen otras posibles monedas de cambio, por lo que «hay que buscar algún elemento de negociación, aunque sea para presionar». Llegado este punto, ve válida la activación de la sociedad civil, pero matizando que este concepto es confuso. Y aquí recalcó la necesidad de participación de las mujeres, con capacidad de decisión, evocando Ahotsak y proponiendo incluso un «emagune» en Euskal Herria que pueda buscar interlocución también femenina en el Estado e ir abriendo caminos.

En cuanto a Cachenaut, reveló la actividad que está manteniendo un grupo de juristas, tanto en Euskal Herria como en París, para buscar caminos de solución para traer a los presos a casa. Asegura que el trabajo va bien y que puede haber noticias hacia setiembre, tras lo que podrían constituirse en organización estable y ampliarse a nivel europeo.

Entre medio hubo ocasión también de que Etxerat, Sare y la plataforma Sara Izarrekin Etxera expusieran su trabajo, sobradamente conocido para quienes siguen este tema. Fueron intervenciones con un tono claroscuro: Patricia Vélez destacó los pasos de Etxerat para un acuerdo social, pero citó también golpes como la reciente cruel circular sobre presos enfermos; Idoia Ibero esbozó los logros de Sare sin ocultar sus dificultades económicas; y Amaia Zurutuza resumió la dramática situación que se ha vivido en Picasset, elogiando también la movilización social conseguida.

Con todas las aportaciones escuchadas durante la tarde en el campus de Ibaeta, el Foro Social Permanente prevé emitir nuevas recomendaciones en mayo. La «hoja en blanco» con la que dijo llegar va llenándose.

INTERVENCIONES

«Hay nueva opción de encarrilar esto desde parámetros razonables»

N. OLEAGA Y N. ALZELAI

Foro Social

«Estamos trabajando con juristas vascos y franceses que están muy interesados»

XANTIANA CACHENAUT

Abogada

«El ‘pronóstico criminal’ no puede ser el mismo que cuando ETA atentaba»

RAFA SÁINZ DE ROZAS

Oficina del Ararteko

«La reincidencia de los presos liberados en Irlanda ha sido casi nula»

LAURA PEGO

Investigadora de la UPV

«Europa no prohíbe la cadena perpetua, pero dice que hay que revisarla en 25 años»

IÑIGO IRUIN

Abogado

 

Estrasburgoko azken erabakia, «ikasgaia» Iruinentzat: «Auziak ondo aukeratu behar dira»

Europako Giza Eskubideen Auzitegiaren erabakiek batzuetan lagundu eta besteetan oztopatu egin dute presoen auziari begirako irtenbidea. «Parot doktrina» ezabatu eta dozena preso kaleratzea ahalbidetu zuen, baina duela astebete urruntzea dela-eta euskal espetxeratuek eramandako lehen helegiteari ezetza eman dio. Iñigo Iruinek «ikasgai ona» izan dela seinalatu zuen: bide judizialean, saiatu ez ezik, asmatu ere egin behar da, «eta auziak ondo ez aukeratzeak arazoak ekartzen ditu».

Epaiaren edukiari helduz, abokatuak gogora ekarri zituen hor aipatzen diren hiru puntu: preso horiek Estatu frantsesean direla baina nazionalitate frantsesa ez dutela, urruntzearen aurka egiteko hainbat bide ez dituztela jorratu eta urruti egon arren senideen bisitak izan dituztela. Eta ondorioz, helegitea aurkeztearen zilegitasuna alde batera utzita, «ez da aukera ona izan», adierazi zuen.

«Kontzeptuak argitzea» ere ezinbestekoa dela nabarmendu zuen Iruinek. Eta aretoan zeuden politikariei zuzenduta, esparru juridikoan aritzeko «sakabanaketaren ordez urruntzea» salatu behar dela ohartarazi zuen. Izan ere, araudiak eskuetan «sakabanaketaren kontzeptuak ez du eskubideen bortxaketarik eragiten; bai, ordea, urruntzeak, eta ez kasu guztietan, baizik eta norbanakoen egoera zehatz batzuei loturik».R.S.