GARA
MADRID

La reforma de la estiba naufraga pese a que el PNV respaldó al PP

No suele ocurrir. De hecho, la de ayer fue la tercera ocasión dede 1979 en que el Congreso de los Diputados rechaza un decreto ley, una norma que es aprobada por el Ejecutivo antes de pasar por el Legislativo. En esta ocasión, el Gobierno del PP no midió bien el respaldo que iba a tener la reforma de la ley de la estiba y se dio el batacazo pese al apoyo del PNV. Mientras, los estibadores ganan tiempo para seguir negociando, por lo que desconvocaron la huelga.

La Cámara Baja del Parlamento español derogó ayer el real decreto ley de reforma del sector de la estiba, lo que llevó a los sindicatos a desconvocar la huelga que iba a comenzar hoy mismo. Esa norma fue aprobada por el Consejo de Ministros el 24 de febrero y entró en vigor tras ser publicada en el BOE.

El Gobierno del PP no había consensuado su contenido ni con los representantes de los trabajadores de la carga y descarga portuaria, ni con los grupos parlamentarios que le podían asegurar la mayoría para sacarlo adelante en el pleno del Congreso, al que debía acudir para su convalidación en un plazo máximo de un mes.

El Ejecutivo perdió la votación al recibir 175 votos en contra (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias) frente a los 142 a favor que sumaron el PP, sus socios electorales de UPN y Foro Asturias, y el PNV, que el día anterior anunció un acuerdo marco con el PP para aprobar los presupuestos la CAV –con el apoyo del PSE, el otro socio del Gobierno de Iñigo Urkullu–. Los 32 diputados de Ciudadanos se abstuvieron.

Tras conocer el resultado, los estibadores desconvocaron las cuatro jornadas de huelga que tenían previsto llevar a cabo en los puertos de interés general (en Euskal Herria, los de Bilbo y Pasaia). Los paros habían sido organizados tanto por la Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato del gremio, como por CCOO, UGT, CIG y USO, y secundados por LAB.

Se trata de la cuarta ocasión en la que las centrales suspenden las jornadas de huelga que han ido convocado desde que, a comienzos de febrero, el Gobierno anunció su intención de reformar el sector de la estiba para liberalizarlo. En todas las ocasiones lo han hecho con el objetivo de avanzar en las negociaciones con la patronal y con el propio Ejecutivo del PP.

Por ello, el portavoz de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, comentó que el rechazo del Congreso a esta reforma «no es una victoria para nadie», sino que constituye «un punto de partida de una negociación que tiene que concluir con la solución a los criterios que de verdad plantea la UE y, al mismo tiempo, con el mantenimiento de los derechos de los trabajadores».

En declaraciones a los medios realizadas a las puertas del Congreso tras asistir al debate, Goya incidió en que las condiciones prometidas a los trabajadores en los últimos días por el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, deben plasmarse en el futuro decreto. «Lo que ponía el documento era diferente a lo que él había avisado que iba a decir», puntualizó.

Además, reveló que durante el receso del debate ya había mantenido conversaciones con el director gerente de la patronal Anesco para ir avanzando en «fórmulas» que pudieran transmitir conjuntamente al Ejecutivo en futuras reuniones.

La derivada política

Por otro lado, la derrota sufrida ayer por el Gobierno de Mariano Rajoy parece haber quebrado la confianza del PP en Ciudadanos, su socio preferente, en vísperas de la negociación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). No obstante, fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press consideran que detrás del «cambio de posición» de C’s no hay un planteamiento ideológico sino estratégico, al no querer aparecer en la foto subido al «carro perdedor».

El PNV, por su parte, desvinculó su voto de las negociaciones presupuestarias que se llevan a cabo tanto en Madrid como en Gasteiz. Pero el diputado Iñigo Barandiaran hizo una defensa a ultranza del Gabinete de Rajoy, ya que dijo que «los compromisos del Gobierno garantizan los derechos de los trabajadores y favorecen la competitividad de los puertos». «Dudamos de que ningún acuerdo futuro pueda superar el contenido» del decreto ley derogado, añadió.