El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, afirmó ayer que Garoña no es viable económicamente y solicitó a Endesa, su socio en Nuclenor, que desista de pedir el permiso para retomar la actividad.

Según informó Efe, Sánchez Galán respondió así a las preguntas de los representantes de Greenpeace y el Foro contra Garoña sobre si Iberdrola pensaba reanudar la generación de energía en la planta, que lleva parada desde diciembre de 2012.

Indicó que Garoña acumula «pérdidas cuantiosas», y afirmó que la situación del resto de activos nucleares del grupo «no es muy diferente». En este sentido, advirtió de que Iberdrola Energía Nuclear «está en pérdidas» por las obligaciones fiscales.

Las reacciones a las palabras de Galán no se hicieron esperar. El Gabinete de Urkullu señaló que las declaraciones del presidente de Iberdrola son «una buena noticia». Y el diputado general de Araba, Ramiro González manifestó que «un pronunciamiento tan claro» apunta al cierre definitivo de Garoña.

Una opinión compartida por el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, quien lanzó un mensaje al presidente español: «Si a Mariano Rajoy le quedaba alguna duda, ya la tiene resuelta: debe desmantelar Garoña».

Desde EH Bildu, Mikel Otero afirmó que la postura de Galán es «un paso en la buena dirección», aunque alertó de que «aún es pronto para descartar la reapertura y brindar por ello». «Queremos hechos, más que palabras», destacó el parlamentario, que el jueves defenderá una proposición no de ley que tiene por objeto acudir a la vía judicial para impedir la reapertura.

Asimismo, el portavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, lamentó que la decisión de Iberdrola se deba «únicamente a motivos económicos». «Detrás de esta decisión debería haber un absoluto convencimiento sobre la necesidad de avanzar e impulsar un cambio de modelo energético», subrayó.

Araba Sin Garoña, por su parte, reclamó «el desistimiento formal de Nuclenor y, en cualquier caso, la orden ministerial que decrete su cierre y su desmantelamiento. Porque en la anterior Junta General de accionistas de Iberdrola, también se afirmó lo mismo, para después actuar en sentido contrario».

Pero el Gobierno español no tomará ninguna decisión sobre el futuro de la central hasta que no escuche a todas las partes. «Es algo que hay que reflexionar muy bien», dijeron a Efe fuentes del Ejecutivo.