Garoña puede marcar un antes y un después. Puede dar pie al cierre ordenado de las centrales nucleares, o abrir un nuevo periodo «en el que asumamos riesgos, costes y residuos». Así lo advirtió ayer la responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Raquel Montón, que compareció junto al vicepresidente de Nuclear Transparency Watch, Jan Haverkamp, en el Comisión de Medio Ambiente, Plantificación Territorial y Vivienda del Parlamento.

Allí indicó que «Nuclenor nunca ha tenido intención de reabrir Garoña ni de invertir en la central». «Se está trabajando en un proceso administrativo, que conduce a que se puedan ampliar la vida de las centrales nucleares sine die con un informe del CSN y una firma del Ministerio de Industria», señaló tras recordar que el CSN «ha ido modificando sus propios requerimientos» para poder avalar la posible reapertura.

«Había que hacer unas mediciones en la vasija del reactor, unas pruebas caras, y se eximieron. Además, el informe se ha hecho en base a una guía de seguridad que no estaba en vigor. Y no han querido tocar el plan de gestión de residuos radioactivos, que no está actualizado», destacó Montón, que censuró la falta de independencia del CSN. A este respecto, apuntó que su presidente, Fernando Martí, ocupaba el cargo de secretario de la Energía antes de ser el responsable del regulador nuclear.

Espoo y Aarhus

Por su parte, Haverkamp alertó de los peligros que podría suponer la reapertura de Garoña, parada desde 2012. «No se ha vuelto a poner en marcha un reactor que haya estado parado durante tanto tiempo, por lo que antes de arrancar se deberían de hacer ensayos muy exhaustivos. Sabemos que en cada reinició hay problemas, y una parada larga aumenta el riesgo», manifestó.

No obstante, Haverkamp, al igual que Montón, no cree que Nuclenor vaya a poner en marcha de nuevo Garoña. «No podrían entrar en funcionamiento hasta dentro de dos años, y, si se volviese a abrir, entraría en perdidas porque el precio de mercado en bajo. No iba a tener beneficios», subrayó. Y aprovechó para recordar que existen tratados internacionales, como la convención de Espoo o Aarhus, a los que pueden recurrir las autoridades vascas para evitar una hipotética reapertura.

En este sentido, Montón explicó que primero hay que agotar las vías legales en el Estado español, e incidió en que no se podrá interponer un recurso contra la reapertura hasta que esta no sea autorizada por Industria. «No podemos interponer una denuncia como prevención, tenemos que esperar a que se de la autorización, y a partir de hay, depende de la resolución, podremos recurrir a Espoo o a Aarhus», detalló.

Antes de finalizar su intervención, animó al Parlamento autonómico a pedir la comparecencia de Martí para que sea este el que explique los motivos por los que han dado el visto bueno a la central más vieja del Estado.