El Gobierno español hizo pública ayer su decisión de no autorizar la reapertura de la central nuclear de Garoña, con lo que esta instalación cerrara definitivamente su actividad de producción eléctrica. La noticia fue acogida con júbilo unánime y felicitaciones en Euskal Herria, especialmente en Araba. La decisión acerca un poco más a nuestro país a un futuro sin una amenazas nucleares en su entorno.

El Gobierno español usa dos argumentos para justificar la decisión. Por una parte, la oposición de todos los grupos políticos a la reapertura de la central, lo que no es más que el reflejo de un trabajo constante del movimiento popular que ha conseguido que la reivindicación del cierre de Garoña fuera un clamor social. Tanto es así que ayer prácticamente todos los partidos políticos –incluido el PP– trataron de apuntarse de una u otra manera el mérito del final de la central nuclear. A pesar de ello, el argumento de peso, como suele ocurrir en estos casos, fue otro: la viabilidad empresarial del proyecto. El desacuerdo entre los socios propietarios de la central nuclear, Iberdrola y Endesa, sobre el futuro del proyecto y, posiblemente, el hecho de que no hayan encontrado ningún otro socio dispuesto a continuar con la explotación ha llevado al Gobierno a no autorizar la reapertura. Sin embargo, el sorprendente camino recorrido durante estos últimos cinco años por las empresas en su intento de reabrir Garoña no ha sido en vano, ya que han conseguido modificar la legislación de modo que se facilite a otras centrales nucleares en activo prolongar su vida útil.

Las felicitaciones por el fin de Garoña no pueden hacer olvidar el periplo recorrido estos últimos años y el hecho de que el desmantelamiento definitivo no está aún cerrado. Y todo ello vuelve a traer a primer plano el hecho de que decisiones claves para el futuro energético, económico y medioambiental de la sociedad vasca se siguen tomando lejos de Euskal Herria y sin contar con ella.