«Mi madre sufre, observa el cuarto de mi hermana y se pone a llorar. En cambio el señor Fujimori tiene a sus hijos que le pueden dar abrazos y besos», expresó el viernes Gladys Rubina, quien portaba una foto de su hermana durante un encuentro de familiares de víctimas del Gobierno de Alberto Fujimori para definir los pasos a seguir tras su liberación con el objetivo de anular su indulto. Su hermana Nelly Rubina, de 17 años, fue una de las 15 víctimas de la matanza de Barrios Altos, donde un escuadrón de militares encapuchados irrumpió en una fiesta vecinal y mató a todos los presentes el 3 de noviembre de 1991. Los acusaban de colaborar con Sendero Luminoso, pero la Justicia peruana demostró que era falso durante el juicio en que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.

«La herida en mi corazón nunca se ha cerrado, siempre ha estado presente. ¿Cómo puede estar libre el señor Fujimori después de haber destruido un hogar?», se preguntó Rosa Rojas, quien perdió a su marido y a un hijo de 8 años.

Fujimori, de 79 años, abandonó el jueves la clínica de Lima donde estuvo internado 12 días por problemas cardíacos, después de ser indultado por el presidente, Pedro Pablo Kuczynski.

El mandatario invocó motivos humanitarios, pero han salido a la luz evidencias de que el perdón obedeció a una negociación con el fujimorismo para evitar su destitución por el Parlamento por sus lazos con Odebrecht.

Los familiares de las víctimas recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para anular el indulto, que creen un «insulto». El tribunal fijó una audiencia para el 2 de febrero para abordar el tema.

«Queremos que la Corte escuche a las partes para que se dé cuenta que no hay razón para este indulto», subrayó Gisela Ortiz. Su hermano, Luis Enrique Ortiz, de 22 años, formó parte de un grupo de nueve estudiantes que fueron ejecutados, junto a un profesor, de un balazo en la nuca por un escuadrón militar el 18 de julio de 1992 en la universidad de La Cantuta y enterrados en una fosa clandestina. Solo se han recuperado los restos de cinco de las diez víctimas.

«Todas nuestras esperanzas están en la audiencia del sistema interamericano», agregó Ortiz. «El único cuerpo entero recuperado fue el de mi hermano, los demás fueron quemados. Solo hallamos evidencias, huesos calcinados y destrozados», dijo.

«Fujimori tiene la oportunidad de seguir con sus proyectos personales y con su familia y a nuestros familiares, por una decisión política que él tomó, ya no los tenemos más. Es una injusticia permanente», opinó.

Carolina Oyague, quien perdió en la matanza de La Cantuta a su hermana Dora, de 22 años, indicó que «el indulto está consagrando la impunidad». «Es una burla a nuestras madres, que han caminado pidiendo justicia. Este indulto es netamente político», destacó.

«Lo que hemos vivido no es un cuento. Vamos a recurrir a todas las instancias que se pueda» para intentar anular el indulto, prometió Rosa Rojas.