Estados Unidos puso ayer punto final al Estatuto de Protección Temporal (TPS) para más de 250.000 salvadoreños, que tienen hora 18 meses para hallar otra forma de regularizar su situación o irse del país.

El TPS para los salvadoreños había sido adoptado por EEUU después del terremoto de 2001, pero la decisión de la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, considera que ya se dan las condiciones para que El Salvador reciba de vuelta a estas personas.

El Salvador respondió de manera tímida, enfocándose menos en la amenaza de deportación y más en la prórroga de 18 meses. El gobierno de Salvador Sánchez Cerén agradeció a Washington por «este anuncio, el cual reafirma los fuertes lazos de amistad y de cooperación que mantienen como socios históricos».

«Basada en una cuidadosa consideración de la información disponible (…) la Secretaria de Seguridad Interna determinó que las condiciones originales causada por el terremoto de 2001 ya no existen», señaló un alto funcionario del Departamento de Seguridad Interna. Preguntado por si se han considerado los altos niveles de violencia en el país centroamericano a la hora de tomar la decisión, la razón que alegaban los activistas para pedir su prórroga, el alto funcionario subrayó que solo se han tenido en cuenta los aspectos por los que se concedió el TPS y ningún otro. Además, apuntó que para «garantizar una transición ordenada» las autoridades determinaron un plazo hasta el 9 de setiembre del próximo año. Ese período «proporcionará a individuos con TPS tiempo para arreglar detalles para su partida o para buscar otro estatus migratorio legal». Esto abre un escenario de enorme incertidumbre para decenas de miles familias de salvadoreños que eran beneficiarias del TPS y tuvieron hijos en EEUU, de forma que estos últimos son ciudadanos estadounidenses. Más del 51% de los salvadoreños con TPS han vivido en EEUU durante al menos 20 años, según el Centro para los Estudios sobre la Migración

«Los sueños terminaron hoy»

Uno de ellos, Cristian Chávez, explicó que durante 17 años pagó sus impuestos y construyó «sueños para el futuro de mi familia (…) y esos sueños terminaron hoy. No lo entiendo. El presidente Trump dijo que era contra los inmigrantes ilegales. Pero nosotros no somos ilegales, estamos aquí legalmente». Chávez está casado con una salvadoreña que posee residencia legal y ambos tienen un hijo que ya es ciudadano estadounidense.

Ahora, la situación queda en manos del Congreso (controlado por los republicanos), que en esos 18 meses podría definir una fórmula para que estas personas resuelvan la situación. Sectores del gobierno afirman que el TPS es una fisura en la legislación que permite la inmigración en masa.