El Tribunal Constitucional español considera que deben ser los servicios autonómicos los que gestionen la ayuda de 426 euros para parados de larga duración. Y anula los artículos del decreto del Programa de Activación para el Empleo que hacen referencia a la gestión por parte del Servicio Público de Empleo Estatal.

El alto tribunal da la razón al Gobierno de Lakua, que en su recurso sostenía que las competencias para acordar la incorporación al PAE, así como las bajas y reincorporaciones al plan, o la financiación de la ayuda económica complementaria «ignoraban de forma absoluta» la competencia genérica de la comunidad autónoma en legislación laboral.