La asociación Kaleratzeak Stop de Araba denunció ayer que Vitalquiler desahuciará el próximo martes a una familia con cuatro hijos, tres de ellos menores, en Gasteiz al no poder renovar una fianza de 5.000 euros al finalizar su contrato de alquiler.

En una nota de prensa, esta asociación explicó que la familia de seis miembros vive en la ciudad desde 2000 y que el padre se quedó sin empleo en 2014 y sin subsidio de paro el pasado año. Añade que no tienen ayudas sociales y que el único ingreso es el de la madre, que tiene un contrato parcial como limpiadora y aporta 760 euros mensuales. Además asegura que el hombre tiene un cuadro de «depresión aguda severa, agravado por el riesgo de desahucio y asma bronquial, según informe de Osakidetza».

Kaleratzeak Stop de Araba explica que la vivienda habitual de la que van a ser desahuciados es de «protección oficial para su uso en arrendamiento protegido» y que Vitalquiler demandó judicialmente a la familia en 2016 por una deuda de 2.703 euros, en parte debida a penalizaciones e intereses porque no podían pagar con regularidad y en las fechas previstas.

El desahucio se suspendió entonces y la familia fue pagando la deuda y la renta con «mucho esfuerzo» pensando que Vitalquiler les prorrogaría el contrato de alquiler que finalizó el pasado 1 de diciembre. Sin embargo, Vitalquiler ha rechazado la prórroga y ha activado el proceso de desahucio suspendido. Además mantiene que la familia no podrá renovar la fianza de 5.000 euros que les exigieron al firmar en contrato.

Soluciones para los afectados

Kaleratzeak Stop indicó que han solicitado en los juzgados la suspensión de este desahucio y ha hecho un llamamiento a concentrarse el próximo martes si finalmente no se paraliza el alzamiento para denunciar este «drama» y solidarizarse con los afectados.

La asociación también censuró que los servicios sociales conocen la situación de esta familia y que lo único que les proponen es que vayan al albergue municipal cuando tienen «cientos de viviendas vacías».

Finalmente indicaron que los juzgados de Gasteiz «incumplen sistemáticamente» el convenio firmado en 2013 con Lakua y los consistorios «que les obliga a detectar familias vulnerables en desalojos forzosos y pedir un informe al ayuntamiento antes de fijar una fecha de desahucio».