GARA
MADRID

Campaña para proteger a los menores de la violencia en el Estado español

Save the Children ha denunciado que desde 2012 al menos cien niños han muerto en el Estado español en contextos de violencia, ya fuera la ejercida contra sus madres o debido al maltrato, a los abusos sexuales o al acoso, por lo que exigido más medidas de protección.

Save The Children lanzó ayer la campaña «Los últimos 100» para denunciar la muerte en el Estado español desde el año 2012 de al menos un centenar de menores en contextos de violencia.

La responsable de Incidencia Política de la organización, Ana Sastre, afirmó que «representan sólo el impacto más visible de la violencia contra la infancia». Remarcó que la falta de visibilidad es el primer hándicap. «No conocemos la dimensión exacta del problema», lamentó.

Reivindicó que el punto de partida sean «estudios y análisis para dimensionar el problema». A partir de ahí, una ley que responda a la casuística con medidas de prevención, protección y reparación, y una estrategia capaz de articularla en todo el territorio nacional.

«Se puede hacer mucho más y se puede hacer mucho mejor», destacó Sastre, para incidir en «el riesgo de llegar demasiado tarde». La ONG ha recopilado, basándose en informaciones publicadas en los medios, cien casos de niños fallecidos por violencia familiar o debido a situaciones de acoso escolar.

En 2016 se interpusieron 37.495 denuncias por delitos violentos contra menores de edad, 4.650 de ellas por malos tratos en el ámbito familiar; 15 niños perdieron la vida en estas situaciones, y atendiendo exclusivamente a la violencia de género contra las madres, la única monitorizada al detalle, en el Estado español han muerto 23 niños desde 2003, ocho de ellos el año pasado.

Este es uno de los asuntos que Save The Children quiere que se trate a fondo en lo que esperan sea una Ley Integral de Violencia contra la Infancia, «una oportunidad» dijo Sastre, para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en relación a los niños, ya que la legislación actual les reconoce como víctimas directas del maltrato machista, pero «es la ley de sus madres» y no contiene protección específica para ellos.

Entre esas medidas de protección, proponen que ante una denuncia por violencia de género se suspenda cautelarmente y «como medida provisional» el régimen de visitas. «Que no se nos pierdan en el sistema», pidió la investigadora de Save the Children Catalina Perazzo.