El juicio a la rama valenciana del escándalo de corrupción bautizado como «caso Gürtel» se reanudó ayer después de las revelaciones de Álvaro Pérez, El Bigotes, y de Pablo Crespo, dos de los principales acusados en la causa, que apuntaban al expresident valenciano del PP Francisco Camps como cerebro del plan de financiación en B de su partido e inductor de los pagos en negro a las empresas de Francisco Correa, el cabecilla de la trama, en relación a las campañas electorales de 2007 y 2008.

La confesión de Pérez y Crespo fue vendida como un auténtico terremoto en el banquillo de los acusados y propició la negociación con la Fiscalía de un acuerdo que les permitiera atenuar una eventual condena a cambio de colaboración y que finalmente no se logró.

Ambos corroboraban así la versión de Correa que, este sí, habría llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal. Un terremoto, pero menos, porque aunque se intentara imputar a Camps –que ya fue absuelto en el caso de los trajes que le habrían pagado la trama Gürtel y en el que sus subordinados se declararon culpables– en esta pieza separada de la Gürtel, abierta en 2009, no se le podrían aplicar los delitos de falsedad documental y delito electoral, que prescriben a los cinco y tres años, respectivamente.

Solo hubiera faltado que los cabecillas de la Gürtel apuntaran también a Rita Barberá, ya fallecida. ¿O no? Si no no se explica que el Ministerio español de Fomento invitara la pasada semana a la exalcaldesa de València a la inauguración del AVE de Castelló. No apareció, Un terremoto hubiera sido su presencia.