Decenas de miles de ciudadanos de Bucarest, a los que se sumaron el fin de semana miles llegados desde varias ciudades del país e incluso desde la diáspora, se congregaron delante del Parlamento en protesta contra la corrupción y las modificaciones del Código Penal. En la práctica, la nueva normativa supondría una amnistía para los políticos implicados en escándalos de corrupción y una limitación de la independencia de los magistrados. «Todos por la justicia», «ladrones», «Os estamos viendo», fueron algunos de los lemas de la multitudinaria protesta.

Los nuevos cambios legislativos afectarán las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción de Rumania y establecerán un control político sobre los jueces. Entre los acusados de corrupción se cuentan muchos políticos rumanos, tanto a nivel nacional como local, entre ellos el propio presidente del Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea.

Los conflictos por el poder en el partido han mermado la estabilidad del Gobierno. En menos de un año, Rumania ha cambiado tres veces de primer ministro: Sorin Grindeanu, Mihai Tudose y, ahora, Viorica Dancila, nombrada hace escasamente unos días. «El PSD está en manos de su líder, que no puede acceder al cargo de primer ministro por su imputación en varios expedientes pendientes de juicio. Desde hace un año, después de ganar las elecciones en diciembre de 2016, Dragnea cambia de primer ministro a su antojo», denuncia la politóloga Tudorina Mihai, activista del movimiento feminista rumano.

No es la primera vez que el PSD propone a una mujer para el cargo. En enero de 2017, el nombramiento de Sevil Shhaideh fue posteriormente rechazado por el presidente del país, Klaus Iohannis. La propuesta del PDS desencadenó un gran escándalo en la prensa rumana tras conocerse los vínculos que el marido de Shhaideh, el ciudadano sirio-rumano Akram Shhaideh, tenía con el régimen sirio de Bashar Al-Assad.

La actual primera ministra, Viorica Dancila, eurodiputada, ocupaba el cargo de presidenta de la Organización Nacional de Mujeres del PDS. Lo que en principio podría ser un punto y aparte que iniciase políticas en defensa de los derechos de la mujer, en un país donde se registran porcentajes muy elevados de violencia doméstica y donde la iglesia ortodoxa tiene cada vez una mayor relevancia política, no se termina de vislumbrar. «En su caso se observa un doble discurso. En el Parlamento Europeo, como eurodiputada, votó a favor de los matrimonios entre las personas del mismo sexo, pero en el interior de su propio país se muestra como una persona tradicional, conservadora y hasta religiosa», añade Tudorina Mihai: «De hecho, ejecutará de forma obediente las órdenes del líder del partido». Miembros del propio PDS han insultado a colegas mujeres, y otras políticas han sido objeto de campañas en los medios debido a su vestimenta o a su aspecto físico, al margen de su labor como parlamentarias o responsables políticas.

Cuesta pensar que el Gobierno vaya a abrir una agenda progresista en torno a la mujer cuando uno de sus caladeros de votos es precisamente la iglesia ortodoxa rumana, conocida por sus posiciones conservadoras, su defensa de la «familia tradicional» y contra el aborto.

Un país en la encrucijada

La presencia masiva de gente en las protestas, más allá de opciones políticas, evidencia el alcance general de la crítica al debilitamiento de la justicia y a la amnistía a los corruptos, que ponen en riesgo la democracia y las instituciones del Estado. «4.000 magistrados, los gremios profesionales, la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción y la sociedad civil» se han unido en las protestas, comenta Raluca Paraschiv, portavoz del movimiento Resistencia, convocante de las protestas.

El eurodiputado Siegfried Muresan, presente en las protestas propondrá en la próxima sesión del Parlamento Europeo un debate sobre las nuevas leyes, lo que «muestra la preocupación dentro de la UE por los intentos de debilitar el sistema judicial de Rumania».

«En marzo, estas mismas leyes serán analizadas por el GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción), para aumentar la presión internacional contra los incumplimientos del estado de derecho, teniendo en cuenta también el precedente de las sanciones, como en el caso de Polonia», concluye Paraschiv.

La corrupción en el país tiene un largo currículum y ha implicado muchos sectores y a políticos de diferentes partidos. Desde la privatización fraudulenta de compañías del Estado en los años 90 y posteriores, llevadas a cabo tanto por políticos del Partido Socialdemócrata como por la oposición, a la malversación del dinero público destinado a las infraestructuras, por no hablar del sector inmobiliario.

Recientemente se ha aprobado por unanimidad de todos los partidos, tanto de la coalición socialdemócrata en el Gobierno como de los partidos de la oposición, una amnistía fiscal para el sector inmobiliario y la venta de inmuebles. Rumania es uno de los países de la UE donde más de un 40% de los ingresos de una persona se destinan al pago del alquiler o de una hipoteca; al mismo tiempo, muchos políticos tienen vínculos directos con el sector inmobiliario. Entre las últimas propuestas legislativas del actual Partido Socialdemócrata, contestadas en el país, se incluye una modificación de la legislación fiscal que aumenta las tasas a pagar por los autónomos y traslada el pago de las cotizaciones sociales a cargo del trabajador y no del empresario que le contrate.

Todos estos cambios legislativos aumentarán las desigualdades sociales existentes y recortarán cada vez más el ya precario sistema de salud y educación. «Los escándalos políticos aplazan una y otra vez una intervención eficiente para paliar el desastre que se vive en los sistemas de educación y de salud y que tendrá consecuencias graves de cara al futuro», explica Paraschiv.

Papel de la iglesia ortodoxa

Un 25% de los rumanos vive por debajo del umbral de la pobreza, sobre todo en las zonas rurales marcadas por la emigración. Es precisamente en estas zonas donde la iglesia funciona como agente electoral recogiendo votos para el PSD, aunque posteriormente los políticos no cumplan con sus promesas a los votantes, sino solo con la promoción a escala política y financiera de la iglesia.

La aceptación por parte del presidente del país de la propuesta de primer ministro no solo ha sido criticada por los grupos de la sociedad civil al ver en Viorica Dancila una aliada del líder del partido, sino que también ha reafirmado la decisión de las organizaciones civiles de implicarse en presionar para resolver la crisis democrática que vive el país. A pesar de que las numerosas protestas de febrero del año pasado no han tenido consecuencias políticas y no han conseguido impedir las actuales modificaciones legislativas abusivas, desde el movimiento Resistencia insisten en que ya no se puede ignorar a ese alto porcentaje de la ciudadanía que exige un cambio.

«Uno de los eslóganes usados es “Os estamos viendo”, en referencia a la vigilancia de los políticos y para recordarles que las ilegalidades cometidas desencadenaran respuestas», explican desde el movimiento. En sus manifiestos aclaran que se protesta por la manipulación de la justicia, el desprecio por la democracia que muestra la coalición gobernante, pero también por la crisis económica en la que se encuentra el país, marcada por un crecimiento de la deuda externa, una devaluación de la moneda interna y subidas de precios en los productos de absoluta necesidad: «El cambio empieza por nosotros y no acaba nunca», anuncia el manifiesto fundacional de Resistencia.