El Gobierno español ha presentado un recurso en el TSJN contra la orden foral del Gobierno navarro que destinaba 30.000 euros a ayudas para estudios sobre torturas y actos violentos por parte de policías y grupos de extrema derecha a dos proyectos de la UPNA y otro de la UPV-EHU.

Según explicó la Delegación del Gobierno español en Nafarroa a la agencia Efe, el motivo por el que se ha presentado el recurso es porque se interpreta que es una iniciativa derivada de la Ley Foral de reconocimiento y reparación de víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios policiales, que es una de las normas aprobadas por el Parlamento navarro que han sido recurridas por Madrid ante el Tribunal Constitucional.

En el recurso contra la ley, el Gobierno español atacaba que se crease una comisión para investigar sobre las víctimas de tortura y violencia policial al considerar que se suplantaba la acción de los tribunales de justicia. Ahora, en el recurso contra la orden foral se señala que el Gobierno navarro ha tratado de eludir este aspecto encargando la elaboración de informes a investigadores externos.

La elaboración del informe sobre la tortura, de las mismas características que el presentado recientemente en el ámbito de la CAV, ha sido duramente criticado por la derecha navarra. Ayer mismo, la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno navarro, Ana Ollo, compareció de nuevo en el Parlamento sobre esta cuestión a instancias de UPN.

«Algunas voces han querido demonizar al Instituto Vasco de Criminología, deslizando insinuaciones que cuestionan la validez de un grupo universitario altamente cualificado», constató Ollo.

Recordó que el Instituto de Criminología de la UPV-EHU presentó un proyecto de investigación sobre la tortura y los malos tratos en Nafarroa desde 1960 y que recibió una ayuda de 17.000 euros.

La consejera explicó que estos fondos se destinarán a la búsqueda de información en fuentes primarias y secundarias y a la obtención de datos para localizar a quienes han denunciado ser víctimas de torturas, la elaboración de una base de datos y la recogida de testimonios. Es, por tanto, una metodología prácticamente idéntica a la llevada a cabo en la CAV.

«Se trata de un primer paso al acercamiento de la verdad», añadió Ollo, que recordó que organizaciones internacionales han mostrado su preocupación por que en el Estado español no se han investigado las denuncias por torturas.

Iñaki Iriarte, parlamentario de UPN, señaló que el estudio realizado en la CAV «tiene muchas lagunas y conduce, en una cuestión tan delicada, a conclusiones malintencionadas».

«Si está prohibido documentar una serie de sucesos, habría que pensar si esto realmente es un Estado de Derecho», señaló Bakartxo Ruiz (EH Bildu), mientras que Laura Pérez (Podemos-Ahal Dugu) criticó «la apología del negacionismo».