El Tribunal Supremo español ha confirmado la anulación del decreto dictado en 2016 por el Gobierno de Lakua que reducía a 35 horas semanales la jornada laboral del personal funcionario (unas 70.000 personas), al considerar que la Administración autonómica ha de «respetar los límites establecidos» para el conjunto del Estado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ratifica así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que en diciembre de ese año ya declaró nulo este aspecto por la misma causa.

Tras conocer la nueva resolución, el Gobierno de Iñigo Urkullu expresó su «total desacuerdo» y dijo que analizará la sentencia con los sindicatos para tomar las «decisiones oportunas». Por su parte, ELA y LAB exigieron al Ejecutivo que no dé marcha atrás, ya que, de lo contrario, supondría destruir miles de empleos.