Pasado el revuelo causado por la publicación de los mensajes privados de Carles Puigdemont a Toni Comín, ayer las aguas volvieron a su cauce en Catalunya. Un cauce revuelto, pero cauce, al fin y al cabo. El presidente del Parlament, Roger Torrent, frenó la euforia unionista de la víspera de buena mañana, con una entrevista radiofónica en la que repitió que «Puigdemont es el candidato y lo seguirá siendo». Eso sí, la fecha sigue en una nebulosa, ya que se limitó a reiterar que «solo se hará un debate de investidura si se dan todas las garantías jurídicas para el president Puigdemont».

Pero también añadió una indirecta: «Cuando hemos sido más generosos es evidente que es cuando hemos ido mejor». Mensaje que reforzó por la tarde la secretaria general de ERC, Marta Rovira, desaparecida en combate durante la última semana, y que ayer instó a Junts per Catalunya a presentar una «fórmula para hacer efectiva la investidura».

En el fondo, tanto ERC como JxCat coinciden, con mayor o menor efusividad –ayer lo hizo Oriol Junqueras en una entrevista desde la cárcel– en un modelo dual que reconozca la presidencia legítima a Puigdemont en Bruselas y que habilite una presidencia ejecutiva en Catalunya para la gestión del día a día. El debate, ahora mismo, radica en cómo llegar a ese punto más o menos consensuado. Es decir, en cómo se escenifica esta investidura siquiera simbólica de Puigdemont. Según medios catalanes, JxCat y ERC, que tratan de reconducir el choque del martes, abordaron ayer el diseño del futuro ejecutivo catalán, en el que tienen acordado repartirse responsabilidades a partes iguales.

El cumplimiento de la ley, por encima de la convivencia

El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, juzgado en 1997 por torturas a Kepa Urra y designado durante el otoño pasado coordinador entre Mossos, Guardia Civil y Policía española en la batalla contra el 1-O, declaró ayer ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el referéndum. De los Cobos cargó contra el entonces mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, al explicar que la policía catalana se aferró al argumento de garantizar la convivencia ciudadana para no actuar el 1-O. Algo secundario para este coronel, clarificador: «El cumplimiento de la ley estaba por encima de la convivencia ciudadana».

Además, Llarena citó ayer a declarar a los nuevos imputados en el caso: Marta Pascal y Artur Mas, del PDeCAT; Marta Rovira, de ERC; Anna Gabriel y Mireia Boya, de la CUP; y Neus Lloveras, de la Associació de Municipis per la Independència. Están llamados a comparecer ante el juez los días 14 y 20 de febrero.

La instrucción del caso sigue su curso mientras el independentismo se esfuerza en internacionalizar la causa. En este sentido, ayer compareció en Londres ante la prensa el prestigioso abogado británico Ben Emmerson, especializado en derechos humanos y derecho internacional. Lo hizo para anunciar una denuncia por el encarcelamiento de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart ante la Comisión de Detenciones Arbitrarias de la ONUB.Z.