Los 13 millones de ecuatorianos llamados mañana a las urnas deberán responder a siete preguntas: cinco vía referéndum, que implican cambios en la Constitución, y dos vía consulta popular, para derogar o reformar leyes menores. Las encuestan dan una clara victoria del «Sí» a favor de Lenín Moreno, impulsor de una iniciativa que definirá el futuro de Ecuador, ya que, en ese caso, su predecesor y mentor, Rafael Correa, perderá la opción de recuperar la Presidencia. Pero esta cita electoral pone también a prueba la legitimidad de Moreno, la solidez de sus nuevas alianzas con la derecha y la gobernabilidad del país.

Tres de las cinco preguntas del referéndum son una clara invitación a cerrar la etapa de Correa y desmarcarse de la «década ganada». La más contestada plantea suprimir –«para garantizar la alternabilidad»– la reelección indefinida aprobada en 2015 por Correa, que impediría su eventual candidatura a las presidenciales de 2021.

Otra propone reestructurar el órgano creado por Correa para nombrar autoridades de control, lo que en la práctica supondría una «descorreización» del Estado y, según sus adversarios, permitiría a Moreno, apropiarse temporalmente de todos los poderes estatales, nombrando «a dedo» a las nuevas autoridades.

Correa, que gracias al auge petrolero modernizó un país con fama de ingobernable, sostiene que la pregunta que plantea inhabilitar a los políticos condenados por corrupción –que conlleva la pérdida de sus bienes– es también una vía, judicial, para bloquear su regreso. «Se inventarán un delito contra mí para inhabilitarme. Es la nueva estrategia de la derecha para destruir a los dirigentes progresistas, como hicieron con Dilma (Rousseff), Lula (Da Silva) o Cristina (Kirchner)», declaró a AFP.

La pregunta referente a la no prescripción de los delitos sexuales contra menores es la que goza de mayor consenso.

También se propone «prohibir sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos».

Respecto a la consulta popular, una de las dos preguntas busca anular una ley contra la especulación del suelo y la plusvalía para limitar la ganancia inmobiliaria impulsada por Correa –interpretada como una cesión a los intereses derechistas–. La otra, reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní.

Moreno ganó las elecciones en abril con un estrechísimo margen frente al banquero derechista Guillermo Lasso. Desde entonces, se ha ido profundizando la brecha en el oficialismo entre «morenistas» y «correístas», lo que le ha llevado a perder la mayoría en la Asamblea Nacional y a tener que buscar nuevos apoyos entre la oposición tradicional. De hecho, la consulta tiene el apoyo de CREO, el partido de Lasso, y del Partido Social Cristiano, fuerzas políticas enemigas del correísmo.

«El liderazgo de Moreno está puesto a prueba en la consulta», explica el politólogo Esteban Nichols, quien cree que todas las fuerzas que lo apoyan «van a tratar de sacar un pedazo de una eventual victoria del ‘Sí’», lo que podría dificultar la gobernabilidad y estabilidad política.

Además, una victoria del «Sí» podría darle a Moreno el capital político necesario para tomar ciertas medidas de ajuste, presionado por las fuerzas derechistas que lo apoyan.