La jornada electoral en Ecuador comenzó ayer al amanecer con un acto de inauguración en la sede del Consejo Nacional Electoral encabezado por la vicepresidenta del país, María Alejandra Vicuña, y la titular del organismo, Nubia Villacís, abriendo las urnas a los 13 millones de ecuatorianos con derecho a voto, que deben responder a siete cuestiones. Cinco de ellas implican cambios en la Constitución y dos derogan o reforman leyes menores.

En su último parte, Villacís informó de un balance «positivo» en la instalación de las juntas receptoras del voto y, hasta la mitad de la jornada.

El presidente, Lenín Moreno, dijo que respetará «plenamente» la decisión en la consulta que será «fundamental para el futuro del país», «para que las personas corruptas no vuelvan a burlarse de nosotros», y expresó su esperanza de que las respuestas ayuden a su Gobierno a «orientar o reorientar cualquier tipo de decisión» que deba adoptar. Tres de las cuestiones sometidas a votación plantean un portazo a la etapa de su predecesor, Rafael Correa, al que Moreno trata de impedir su eventual candidatura a las presidenciales de 2021.

Así, una de las preguntas del referéndum plantea la supresión de la reelección indefinida, mientras que la reforma del órgano creado por el expresidente para nombrar autoridades de control, el Consejo de Participación Ciudadana, supone en la práctica la «descorreización» del Estado ecuatoriano.

La lucha contra la corrupción, la no prescripción de los delitos sexuales contra menores y la imposición de restricciones a la minería descontrolada son otras reformas que implican una reforma constitucional, a las que se suman la anulación de la ley de plusvalía y la reducción del área de explotación petrolera en el Parque Natural del Yasuní. Por su parte, Correa afirmó que «independientemente de los resultados de hoy, ya vencimos. La traición y la campaña más desigual de la historia contemporánea, ha sacado lo mejor de nosotros». Aseguró que el voto de los ecuatorianos en Europa daba una victoria al No.

A juicio de Correa, que empleó los ingresos petroleros en modernizar las infraestructuras del país, la inhabilitación de los políticos condenados por corrupción también intenta bloquear su regreso, porque está seguro de que «se inventarán un delito para inhabilitarme» y comparó esa estrategia con la utilizada contra Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, o Cristina Krichner en Argentina.