El Gobierno español ha respondido con un silencio clamoroso al informe sobre la tortura encargado por el Ejecutivo de Lakua y que refiere 4.113 casos a ciudadanos de la CAV desde 1960. Mutismo total pese a que más del 90% han sido perpetrados por Policía española y Guardia Civil. Pero ayer el número dos de Interior, José Antonio Nieto, tuvo que responder a esta evidencia, puesta ante sus ojos en el Senado por Jon Iñarritu (EH Bildu).

Sin aludir en ningún momento a un estudio al que Madrid no quiere dar eco alguno, Nieto se parapetó una vez más tras la práctica inexistencia de condenas: apenas 20 en el estudio, menos del 0,5% de los casos registrados. El secretario de Estado de Interior situó por tanto los maltratos como algo puntual y sobre lo que «no cabe hacer una causa general».

«Vivimos en un país en que la tortura, en caso de que exista, es una absoluta excepción. La ciudadanía está satisfecha», dijo Nieto. Y añadió: «La tortura no es un delito ocultable con facilidad. Es perseguible y se persigue», como demostraría este exiguo número de condenas.

Consciente de que la primera respuesta sería esa, Iñarritu le reclamó entonces los datos de indultos a torturadores, que considera «prueba del algodón» de la impunidad. Y en este contexto mostró un gran retrato del actual responsable de la UCO de la Guardia Civil, el locuaz Manuel Sánchez Corbí: «Este delincuente ha sido indultado, ascendido, y hoy se permite hacer apología del general Galindo, condenado por terrorismo de Estado», recordó el senador vasco.

Iñarritu añadió que la misma rehabilitación ha acometido el Gobierno español en favor de otro condenado por torturas, José María de las Cuevas Carretero, al que además luego nombró representante ante el Comité para la Prevención de la Tortura. La conclusión del senador de EH Bildu resulta palmaria: «Esto manda un mensaje de impunidad total».

Llegados a este punto, José Antonio Nieto se esforzó en defender la figura de Sánchez Corbí, pidiendo al senador independentista que retirara el calificativo de «delincuente» a «una persona que ya ha cumplido su pena, y más aún cuando tiene una trayectoria impecable». Iñarritu contratacó instándole a que «retire usted de la Guardia Civil a Sánchez Corbí».

Tras este breve rifirrafe, el número dos de Interior prefirió cerrar el debate sobre la tortura con un mensaje pretendidamente conciliador: «Sería muy útil para todos hacer una mirada a futuro, en la que los reproches se superen. Esto no ayuda a la convivencia. La sociedad tiene derecho a vivir en paz». Y Jon Iñarritu le tomó la palabra, instándole entonces a no practicar la «venganza» contra los presos vascos.

El tema de los encarcelados fue abordado en un punto posterior de la misma Comisión de Interior. No hubo novedades al respecto: Nieto insistió en el argumento oficial de que la dispersión es una práctica legal y evitó entrar en «especulaciones» de si esta práctica acabará si se consuma el final de ETA.

El Aldana «se investiga» 38 años después

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró ayer en el Congreso ante una interpelación del PNV que «se sigue trabajando» y que hay una «investigación abierta» sobre la explosión en el bar Aldana de Alonsotegi en 1980 en el que murieron cuatro personas.

El diputado del PNV Mikel Legarda le había pedido revisar las diligencias policiales que practicó José Amedo, policía condenado por los GAL, de lo que no hay «ni rastro» en los archivos. «¿No cree que de oficio debió haberse abierto una investigación sobre ello?», espetó a Zoido.

Sánchez Corbí también apareció en este debate: «No queremos pensar que estas extrañas circunstancias tengan algo que ver en que se considerare entre los malos a los peneuveros, junto a los etarras, batasunos y la Iglesia vasca, como hemos escuchado a Sánchez Corbí», dijo Legarda.GARA