El líder de ERC, Oriol Junqueras, elevó ayer al Tribunal Constitucional un recurso de amparo defendiendo que la Declaración de Independencia del 27 de octubre fue un acto enmarcado en la libertad de expresión. Al mismo tiempo, la exdiputada de la CUP Mireia Boya declaró ante el juez del Supremo Pablo Llarena que esa Declaración no fue simbólica y que ella la votó con el objetivo de que fuese implementada. Junqueras lleva tres meses encarcelado en Estremera, mientras que Boya salió ayer del Supremo en libertad y sin medidas cautelares.

El independentismo está descubriendo a marchas forzadas los recovecos del sistema judicial español. La lección de ayer bien puede ser la de que no sirve de gran cosa renegar de los actos propios para tratar de suavizar las decisiones de un juez. Y de ahí podría deducirse que tampoco tiene un gran futuro supeditar decisiones políticas a la estrategia de defensa de los líderes imputados.

Porque eso, y no otra cosa, es lo que viene ocurriendo estos días en Catalunya: ERC y PDeCAT no van a hacer nada que, según sus cálculos, pueda perjudicar a sus líderes, que desfilarán la semana que viene delante de Pablo Llarena. Esquerra, especialmente, sufre solo de pensar en la posibilidad de que su número dos, Marta Rovira, corra el mismo destino que Junqueras. De ahí buena parte de la resistencia a emprender las medidas necesarias en el Parlament para investir, simbólica o efectivamente, a Puigdemont contraviniendo las advertencias del Tribunal Constitucional.

Un TC que, por cierto, tiene ya encima de la mesa los escritos de las partes para decidir si admite a trámite el recurso del Gobierno español contra la investidura de Carles Puigdemont, que de momento está bloqueada por unas medidas cautelares inéditas. Se da por hecho que admitirá el recurso, pero es una incógnita saber cuándo y si lo hará por unanimidad, una obsesión del Ejecutivo de Mariano Rajoy que podría verse truncada en esta ocasión, ya que cinco magistrados mostraron en principio su oposición.

Es difícil pensar que algo se moverá en Catalunya hasta que el TC no resuelva el recurso y hasta que Llarena decida qué hacer con la nueva hornada de imputados. Desde Rovira a Artur Mas, pasando por Anna Gabriel, están citados a declarar entre los días 19, 20 y 21 de febrero, la semana próxima. Y podrían llegar más, según las informaciones de medios españoles, que ayer apuntaban a que la Guardia Civil quiere implicar también a empresarios como Jaume Roures. Mientras tanto, el reloj de la investidura sigue congelado en el Parlament.

Una defensa diferente

La primera declaración de esta nueva ronda se dio ayer. Boya, que se quedó a las puertas de repetir como diputada en las elecciones del 21D, rechazó ante Llarena seguir la estrategia de defensa seguida hasta ahora por los cargos de ERC y PDeCAT imputados por sedición y rebelión. Declinó comprometerse con la Constitución española, reivindicó la Declaración de Independencia del 27 de octubre como algo no simbólico que ella votó con la intención de que fuese llevado a la práctica y, según publicó Eldiario.es, hasta recordó al magistrado que él mismo abogó en 2012 por una salida política al encaje de Catalunya en el Estado español.

En declaraciones a “El Mundo” en octubre de 2012, un mes después de la primera Diada masiva, Llarena aseguró que «lo que no se puede pretender es que (...) toda esta cuestión relativa a la integración de Cataluña en España se vaya a resolver judicialmente, porque no tiene que ser así». Cinco años y medio después, el mismo Llarena es el tutor de la política catalana que decide quién puede asistir y quién no al Parlament.

Boya declaró durante una hora larga a las preguntas de su abogado y a las del juez Llarena, pero rechazó contestar al fiscal y a la acusación popular ejercida por el partido ultra Vox, tras lo cual ninguna de las partes pidió medidas cautelares en su contra. Boya dio así forma a una nueva estrategia de defensa que pasa por dar la batalla en el tribunal. Ayer mismo, los abogados de la CUP solicitaron a Llarena una serie de diligencias con el objetivo de rebatir las acusaciones de violencia que sustentan la acusación de rebelión.

Gure Esku Dago organiza hoy acto de solidaridad con los ‘Jordis’

El próximo viernes se cumplirán cuatro meses desde que, el 16 de octubre del año pasado, los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, viajaron a declarar ante la juez de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela. El caso ha pasado a las manos del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, pero el destino de los ‘Jordis’ no ha cambiado desde entonces: prisión. Para denunciar este encarcelamiento preventivo, la Assemblea y Òmnium han convocado una marcha para mañana entre la cárcel de la Modelo –ya cerrada– y la plaza Sant Jaume, donde se encuentran tanto el Palau de la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona. Un consistorio que, por cierto, ayer aprobó una moción a favor de la vuelta a casa de los presos con los votos de Barcelona en Comú, la plataforma de la alcaldesa, Ada Colau.

Antes de esta movilización, sin embargo, los vicepresidentes de las dos entidades soberanistas catalanas, Agustí Alcoberro (ANC) y Marcel Mauri (Òmnium) estarán hoy en Bilbo para recibir la solidaridad de Gure Esku Dago, que ha preparado un acto a las 19.00 en el Colegio de Abogados de Bizkaia. Además de Mauri y Alcoberro, que aprovecharán el viaje para mantener diversas reuniones con agentes de la sociedad y la política vascas, en el acto abierto al público participarán la portavoz de GED Zelai Nikolas, así como Irantzu Perello e Iñigo Santxo.GARA