Los casos de fraude de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) registrados en 2017 supusieron un 0,73% del total de ayudas concedidas, con 442 casos sobre un una cifra global de 60.405 perceptores. Además, en uno de cada cuatro casos en los que se suspendió la prestación, se acabó dando la razón al afectado.

Esta cifra se incluye en una respuesta del Departamento de Empleo y Políticas Sociales a una solicitud de información de Elkarrekin Podemos en el Parlamento de Gasteiz. Se consideran como fraude las «actuaciones fraudulentas» y la ocultación de datos de ingresos y patrimonio, de datos de composición de la unidad familiar y de la situación socioeconómica.

El Gobierno de Lakua explica que Lanbide realizó 26.097 suspensiones de esta prestación el año pasado. Existen numerosos motivos por los que se puede suspender la RGI a un perceptor, como la no presentación de la documentación en el plazo estipulado o no comunicar cambios en la situación del perceptor.

A su vez, se llevaron a cabo 7.901 extinciones definitivas, destinada a personas con escasos ingresos y en riesgo de exclusión social. De ellos, en 1.550 mediaba antes una suspensión y 442 tienen la consideración de fraude. De estos 442 casos la mayoría se detectó en la operación que desarticuló un grupo organizado que proveía de documentación falsa a ciudadanos paquistaníes con el objeto de obtener ayudas sociales.