Martxelo DÍAZ
IRUÑEA

Nace Adavan para luchar contra los efectos del amianto en Nafarroa

La asociación Adavan ha nacido para luchar contra los efectos del amianto en Nafarroa. Sus impulsores reclaman que se reconozca a los enfermos y exigen a las instituciones que pongan medios y recursos para hacer frente a un problema que crecerá en los próximos años.

Un grupo de personas ha creado Adavan, la Asociación de Defensa y Ayuda a las Víctimas del Amianto en Nafarroa, con el objetivo de informar y asesorar a personas enfermas y a sus familiares, agilizar los pasos a seguir para pedir el reconocimiento de la enfermedad profesional o, en su caso el abono de las prestaciones de viudedad correspondientes.

Se estima que en Nafarroa pueden ser unas 3.500 personas las afectadas por el amianto. Son antiguos trabajadores de empresas en las que se empeló este material como Super Ser, Luzuriaga o Sunsundegui. En cualquier caso, este cifra no es más que una estimación que será superada, ya que se trata de enfermedades que tardan años en desarrollarse y es complicado que empresas e instituciones las reconozcan.

En este sentido, Jesús Uzkudun, de la asociación Asviamie de la CAV, que estuvo en la presentación de Adavan ayer en Iruñea, recordó que hace seis años en los tres herrialdes estaban contabilizados 4.000 casos. Actualmente, son 8.500, pero destacó que la cifra real pueden ser unos 25.000.

Reclaman que se reconozca y se registre a los trabajadores que han estado potencialmente expuestos al amianto y sean incluidos en los reconocimientos médicos y controles establecidos. También exigen que se reconozcan las prestaciones a las víctimas del amianto sin tener que realizar la travesía del desierto que supone la vía judicial. Asimismo, piden que se realicen inspecciones en empresas y edificios para certificar la existencia de amianto, que se realicen inspecciones y la creación de un registro de enfermedades.

Otra de las demandas de Adavan es que se cree un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Uzkudun recordó que el Parlamento de Gasteiz aprobó en marzo de 2017 una iniciativa en este sentido, pero lamentó que el PP la tiene bloqueada en el Congreso español. Por ello, destacó que ante la inacción estatal se podrían activar fondos en la CAV o en Nafarroa. Subrayó que no supondría un alto coste económico y se atendería a un colectivo de víctimas de una situación injusta.