La comisión sobre la CAN tomó ayer un giro insólito con la comparecencia del expresidente de Caja Municipal de Pamplona, Manuel López Merino. Durante el interrogatorio del comisionado de UPN, Luis Zarraluqui, López Merino sacó documentación sobre una operación de dudosa legalidad entre la caja y una empresa en cuyo consejo estaba el propio Zarraluqui.

Entre la documentación que aportó el exdirectivo se encuentra el escrito en un notario de Barcelona sobre la compra de unos terrenos por más de 8 millones a 140 euros el metro y por los que se emitió un cheque. El precio estaba muy por encima de su valor real, que el propio López Merino cifró a 30 euros el metro. La operación se efectuó en 2009, con Enrique Goñi. El exdirectivo fue tajante: «Si uno de mis trabajadores firma una operación así, lo despido».

El notario recoge en el documento sus dudas sobre la legalidad de la operación (que pese a efectuarse en Barcelona se refería a unos terrenos de secano a las afueras de Iruñea) y señala que no ha podido acceder al catastro para verificar la compra.

López Merino afirmó que la operación fue un éxito para el consejero delegado de aquella empresa y que este era el propio Zarraluqui. El comisionado de UPN mostró un conocimiento preciso de la operación, asegurado que estaba vinculada a una deuda, para después refugiarse en que su nombre no aparece en los papeles.