Los grupos junteros de EH Bildu, Podemos e Irabazi, y el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Gasteiz, quieren que el Parque Tecnológico de Araba paralice el contrato con la firma STOA, vinculada con el “caso De Miguel”. Según el auto procesal, el parque adjudicó «presuntamente de manera irregular a STOA el contrato de consultoría y asistencia técnica para la redacción de la totalidad de los instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución urbanística necesarios para el desarrollo de un nuevo sector tecnológico en Miñano», y añade que «el señor De Miguel tenía relación personal con su administrador único, el señor Fernández Oleaga, con quien había compartido un proyecto de creación de una empresa».

En una rueda de prensa conjunta ofrecida en la sede de las Juntas Generales, Kike Fernández de Pinedo, de EH Bildu, Arantxa Abecia, de Podemos, y Esther Palacio, de Irabazi, incidieron en que es «inaceptable» que STOA participe en la ampliación del parque, y censuraron que se haya reactivado el contrato, firmado en febrero de 2009, justo ahora, cuando podrían declarar los 26 imputados –muchos de ellos relacionados con el PNV– en la Audiencia Provincial de Araba.

A este respecto, el portavoz soberanista se preguntó qué ocurrirá si el tribunal considera culpable a Fernández Oleaga, que se enfrenta a una petición de doce años de prisión por asociación ilícita en grado de integrante, coacciones, fraude en la contratación, cohecho y falsedad en documento mercantil. «Entendemos que se debe pedir la suspensión del contrato», manifestó. Esta petición está recogida en una moción de cuatro puntos, en la que también se solicita que se inicien los trámites urbanísticos para «la desclasificación inmediata» de los terrenos clasificados como suelo urbanizable en el parque de Miñao.

En el Ayuntamiento

Por su parte, el PP ha registrado una iniciativa en la que solicita al Gobierno municipal que «defienda los intereses de la ciudad y ponga en marcha todos los medios legales necesarios para paralizar la ampliación del parque tecnológico, sustentado en un contrato adjudicado presuntamente de manera irregular».

Al igual que EH Bildu, Podemos e Irabazi, el PP también considera que la ampliación no es necesaria, ya que «es zona industrial, está en uso solo al 40%, y, además, tiene nada menos que 200.000 metros cuadrados preparados para cualquier empresa que quiera instalarse allí. [...] El PNV justifica la ampliación argumentando que no hay parcelas y esto es falso, porque hay 20 hectáreas disponibles».