El llamado «archivo de ETA» entregado por el primer ministro francés al presidente español el pasado día 1 en Madrid ha sido utilizado para detener al exprisionero vasco Karlos Apeztegia, que fue excarcelado en 2013 tras casi 22 años entre rejas.

El arresto fue ejecutado por la Guardia Civil y se produjo cuando Apeztegia salía de trabajar en la sede de Etxerat, con rumbo a su casa en Hernani. Lo abordaron dos agentes y posteriormente comunicaron a su familia que existe una requisitoria de la Audiencia Nacional, adonde en principio será llevado hoy.

El Ministerio de Interior español afirmó posteriormente que se le intentará acusar de «pertenencia a organización terrorista», con la circunstancia agravante de reincidencia, a partir de unos hechos que se remontan a 2002 y que consideran que quedan acreditados con estos papeles de París. En concreto, la Guardia Civil le imputaría facilitar información a ETA sobre objetivos. Asegura que es lo que se desprende de documentos incautados a la organización, hoy disuelta, en una redada en 2003 y que ahora han sido entregados a las autoridades españolas.

La investigación y la detención la desarrollan agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 y en coordinación con la Fiscalía de la AN. Ese juzgado estaba titulado hasta ahora por Carmen Lamela, conocida por su instrucción del caso de los jóvenes de Altsasu, y tras su paso al Tribunal Supremo ha sido encomendado a una nueva magistrada, María Tardón, que fue concejala del PP en Madrid.

Antes y después de la entrega de este «archivo de ETA», tanto asociaciones de víctimas como fuentes gubernamentales han dejado claro que intentarían forzar nuevas imputaciones.

Sortu lanzó un «basta ya» contra la «sed de venganza». Pide la libertad de Apeztegia y exige al Gobierno del PSOE «un nuevo enfoque político-judicial a la resolución del conflicto». Para Julen Arzuaga (EH Bildu), «se pretenden reproducir escenarios del pasado que toda la sociedad entienden que están absolutamente superados».

Irigoien, declarado culpable pero sin castigo firme

El Tribunal de Grandes Instancias de Baiona celebró en septiembre el primer juicio contra un expreso vasco por negarse a cumplir las medidas asignadas por los ficheros FIJAIT. Ayer dieron a conocer la sentencia contra Peio Irigoien, pero no aclararon cuál será el castigo, ya que se le impusieron dos condiciones a cumplir antes del 18 de junio del año que viene.

El acusado deberá ejecutar los requisitos requeridos por los ficheros FIJAIT o bien podrá emprender el camino judicial para ser suprimido de dichos archivos. También cabe la posibilidad de que Irigoien no acepte el mandato del juez y vuelva a desobedecer. En ese caso, el juez se vería obligado a aplicar una sanción inmutable y sin condiciones.

«El juez lo ha declarado culpable, pero al igual que nosotras, piensa que no merece una condena» explicó la abogada Maritxu Paulus Basurco. La letrada valoró positivamente que «el juez no haya seguido las peticiones de la Fiscalía», quien pedía una multa no menor de 800 euros. Sin embargo, la defensa de Irigoien no acepta la tesis de que su defendido sea culpable, por lo que tendrán diez días para decidir si ponen un recurso o adecúan una nueva estrategia de cara al 18 de junio. Paulus Basurco consideró que «tras la decisión publicada hoy se abren muchas vías».

Si la defensa acude a la Corte de Apelación, se repetirá todo el proceso. Es decir, tratarían de demostrar que las medidas de los ficheros FIJAIT violan los principios del Convenio Europeo y la Constitución francesa. De ese modo, la contienda se resolvería en la Corte de Casación de última instancia en París y no en la capital labortana. «Si decidimos no apelar el fallo, el trasfondo de este caso y el verdadero debate quedarán a un lado. Por lo tanto, tendremos que estudiar muy detenidamente qué camino tomamos», reflexionó la abogada.

Cabe recordar que los únicos casos por desobediencia a los ficheros FIJAIT con sentencia firme se han dado en Corsica, donde los inculpados fueron sancionados con multas de 500 euros. No obstante, Paulus Basurco advertía que «pagar una multa no significa que te borren de los ficheros, el nombre sigue ahí, el problema no desaparece».

En palabras de la letrada, «si no es por la vía judicial, solo hay una manera de desaparecer de la lista de los ficheros FIJAIT, y es esperar a que pasen 10 años (a partir de la fecha de salida de prisión) para que la medida sea cancelada».

Cuestión política

Para el colectivo de exprisioneros, deportados y exiliados vascos, en el juicio contra Peio Irigoien el trasfondo es político. Jokin Etxabarria remarcó que «la decisión del juez deja en evidencia que es un juicio político, y por tanto, solo cabe una solución política».

Este expreso añadió que «la única sentencia que admitiremos será la que anula los ficheros» y abogó por «seguir trabajando para que no se apliquen ni estas ni otras medidas de excepción».Haritz LARRAÑAGA