Beñat ZALDUA
ENCRUCIJADA EN LA GOBERNABILIDAD

Sánchez, Iglesias y una triangulación más allá del debate presupuestario

Madrid, Catalunya, Euskal Herria; una triangulación que Sánchez e Iglesias buscan para aprobar los PGE y ensayar una fórmula de gobernabilidad a largo plazo, tanto en Madrid como en Iruñea, Gasteiz y Barcelona.

La aritmética es la misma que en junio, por lo que en Madrid las habas están contadas. PSOE y Podemos suman 156 diputados; les faltan 20 para alcanzar la mayoría absoluta que les permitiría validar su acuerdo presupuestario. Con los dos peones de Aznar pegándose en el ring de Vox, las opciones para aprobar las cuentas estatales pasan por vascos y catalanes. Arranca ahí una triangulación que, más allá del debate presupuestario coyuntural –abierto también en Gasteiz, Iruñea y Barcelona–, tiene que ver sobre todo con la gobernabilidad en Madrid y en las naciones sin Estado a largo plazo.

Empecemos con los números, aunque el debate poco tenga que ver con ellos. Los presupuestos de Sánchez e Iglesias no son los de Rajoy; incorporan una importante subida del salario mínimo hasta los 900 euros y subidas impositivas que se enmarcan tímidamente en la senda de una mayor progresividad fiscal, así como ciertas mejoras de las pensiones o del permiso de paternidad. La mayoría de medidas se podían haber tomado al margen del proyecto de presupuestos, pero PSOE y Podemos han decidido meter todo en el mismo paquete. Todo tiene su lógica. Después de fracasar en el asalto exprés a los cielos, Iglesias necesita un barniz institucional –mostrarse capaz de gobernar–, y pactar unas cuentas que además incorporan mejoras sociales que puede apuntarse como medallas es una manera de intentarlo. A Sánchez, por su parte, le allana el relato en caso de que las cuentas fracasen. ¿Quién en su sano juicio y sin intereses espurios está en contra de que alguien cobre un mínimo de 900 euros por ocho horas de trabajo al día?

Con todo, no son unos presupuestos revolucionarios. Pese al crecimiento de la economía, el gasto público baja 0,3 puntos y se sitúa en el 40,9% del PIB, el más bajo desde 2007. Cumple además con las grandes directrices de Bruselas, por lo que es previsible que –sin perjuicio de algunas correcciones dictadas por el directorio europeo– las cuentas acaben recibiendo el visto bueno de Juncker, Merkel y Draghi. Con el Brexit abierto en canal en el oeste, los llamados regímenes iliberales instalados cómodamente en el este, y un pirómano que amenaza con quemar el Mediterráneo en Italia, es difícil pensar que a Berlín le interese abrir otro frente en el sur. De hecho, no son pocos los analistas que han señalado la ventana de oportunidad que Madrid tiene abierta para recuperar un sitio en Europa. Sin embargo, la permanencia al frente de Exteriores de Borrell, que la semana pasada retiró ridículamente el estatus diplomático al delegado de Flandes y presionó a Grecia para que destituyese a su cónsul honorario en Barcelona por sus simpatías independentistas, crea serias dudas sobre si existe la inteligencia necesaria para hacerlo. El juicio al 1-O no les ayudará.

La sintonía presupuestaria entre Sánchez e Iglesias, en cualquier caso, avanza la configuración del bloque de centroizquierda que aspira a gobernar España más allá de la circunstancial e improvisada legislatura actual. La fórmula portuguesa es la única alternativa, en Madrid, al gobierno de PP y Ciudadanos. Pero a diferencia de Lisboa, donde a los socialistas les basta con el apoyo parlamentario de la izquierda (Bloco y PCP), en Madrid PSOE y Podemos necesitan a las naciones sin Estado. Al menos de momento.

«La mayoría de la moción de censura», la ha llamado ya Iglesias. Que vascos y catalanes los necesiten también a ellos en sus respectivos territorios –o en todo caso, que los prefieran– es la base de una triangulación compleja, quizá imposible, que el actual debate presupuestario les permite ensayar. De fondo, el nulo interés que unos y otros, a un lado y otro del Ebro, tienen en que Casado o Rivera, tanto monta monta tanto, se instalen en la Moncloa.

Empecemos por Gasteiz. Al PNV, que en Madrid decide su voto tras mojar un dedo y ver por donde sopla el viento –no es un chiste, es la constatación de la camaleónica capacidad que ya demostraron con la moción de censura–, no le será difícil apoyar los presupuestos de PSOE y Podemos tras negociar las preceptivas dádivas. «Será fácil, gratis no», apuntó la semana pasada Ortuzar.

Otro cantar es lo que ocurra en la CAV, donde la aritmética seguida hasta ahora por Urkullu saca de la ecuación a Podemos e introduce al PP. En Lakua optan por no cerrarse de momento ninguna puerta, ni la de seguir utilizando a un PP que eleva el listón negociador tras el voto del PNV contra Rajoy, ni la de entrar al juego de Sánchez e Iglesias y pactar con Elkarrekin Podemos. Su líder, Lander Martínez, tan pronto exige a Urkullu un giro de 180º como invita a PNV y PSE a repetir la jugada madrileña en Gasteiz. Visto lo visto, es fácil anticipar que será Iglesias quien marque el camino a seguir en el partido morado, por lo que la decisión en Gasteiz quedará en manos de Urkullu. Y será una decisión eminentemente política, porque si de números se tratase, no es difícil pensar que las propuestas de Martínez no quedarán muy lejos de las que pueda plantearle Maddalen Iriarte.

Precisamente, EH Bildu puso el viernes encima de la mesa el detalle de su propuesta, que el PSE ya tildó de interesante. La opción no está del todo cerrada, desde luego, aunque el mismo viernes Urkullu siguió prefiriendo mirar en primer lugar al PP y, en su caso, a Elkarrekin Podemos. No parece que el lehendakari sea partidario de abrazar cualquier triangulación que incorpore a EH Bildu, pese a la inapelable mayoría que sería capaz de articular.

Es precisamente la fórmula navarra del cambio, cuyo Gobierno presentó el pasado miércoles los últimos presupuestos de la legislatura. Con sus roces y altibajos, la mayoría parlamentaria ha operado lo suficientemente engrasada como para prever que las cuentas superarán sin problemas el trámite parlamentario. No deberían pasar por alto, sin embargo, las llamadas de la secretaria general del PSN, María Chivite, a atar «un acuerdo de progreso como el logrado en España para los presupuestos». Las elecciones vienen en mayo, y han pasado cuatro años durante los cuales el PSN se ha cuidado de marcar distancias con UPN y PP, del mismo modo en que Barkos se ha encargado de no meter a los de Chivite en el mismo saco.

Los cimientos de la triangulación que buscan extender Sánchez e Iglesias existen también en Iruñea; pero la aritmética es tozuda y tendrían que cambiar muchas cosas para que esa opción lograse 26 parlamentarios dentro de siete meses.

La apuesta llega más envenenada a Catalunya, donde las cosas quizá han ido demasiado lejos en el último año. O no. Las tormentas en el Mediterráneo pueden ser furibundas, pero nunca duran mucho. En cuanto a los presupuestos estatales, ERC, que ya ha conseguido que Iglesias visite a Junqueras en la cárcel, espera un mínimo gesto de Sánchez para sentarse en la mesa de negociación. Si llega, Esquerra se sentará con mucho gusto. Otro cantar es el del PDeCAT. Sus diputados en Madrid, con Carles Campuzano a la cabeza, anhelan sentarse en esa mesa, pero Waterloo retiene el mando y no parece dispuesto a transigir. Puigdemont, que mira con recelo el papel protagonista que empieza a recuperar Junqueras, presenta su movimiento –Crida Nacional– el próximo sábado. Un nuevo divorcio en el espacio postconvergente no es para nada descartable.

En cuanto a la gobernabilidad de Catalunya, ahora mismo parece ciencia ficción la idea de algo parecido a una reedición del Tripartit, pero puede que no lo sea tanto. De hecho, uno de los efectos colaterales de la pérdida de la mayoría independentista a causa de la suspensión de los diputados de JxCat es que los votos de la CUP ya no son indispensables para lograr la mayoría parlamentaria. Mientras no se enmiende la situación, los tres grupos suman 66 diputados, quedándose a dos de la mayoría absoluta. Catalunya en Comú entra entonces en juego para poder articular mayorías soberanistas –no independentistas– como la que reprobó a Felipe de Borbón hace dos semanas. Es el primer acercamiento, que ya se está dando.

Para el segundo serán necesarias unas nuevas elecciones. Si se imponen las tesis de ERC –esto va para largo, hay que ampliar la base y dejar que corra un poco el tiempo–, no parece que una reedición de la coalición entre Esquerra y el espacio postconvergente tenga demasiado sentido, más observando la mutua y creciente animadversión. La única alternativa que podría llegar a darse –aunque igual que en Nafarroa, es muy difícil que los números se lo permitan– es la que une a los partidos de centro izquierda, que no son otros que ERC, Catalunya en Comú –hermanada con Podemos– y PSC. ¿Difícil? Desde luego. ¿Imposible? Para nada.

Así las cosas, los presupuestos pueden fracasar, algo que no parece que importe demasiado a Sánchez, que se inhibe en favor de Iglesias a la hora de buscar apoyos –hoy se reúne con Urkullu–. Pero más allá de las cuentas, el intento se revela como el anticipo de una apuesta de PSOE y Podemos a largo plazo para afianzarse en Madrid y tratar de extender la fórmula a las naciones sin Estado, que quisieran ver alineadas en formación como escudo ante PP y Ciudadanos; un bloque que en las ensoñaciones más profundas aspiraría incluso a reformar el Estado, como si fuese posible sin el concurso –es más, con el boicot activo– de la derecha española.