La lehendakari de Nafarroa, Uxue Barkos, anunció ayer tras la reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el acuerdo para acometer la transferencia de tráfico y seguridad vial a Nafarroa. Según confirmó el comunicado de Moncloa, este traspaso de competencias se hace de acuerdo a la sentencia del Tribunal Supremo que considera que dicha materia «forma parte de los derechos históricos» de Nafarroa. De hecho, se trata de una reivindicación histórica que el Parlamento navarro ha reclamado reiteradamente por unanimidad, pues es una competencia que Nafarroa ya ejerció desde 1928 hasta que el franquismo se la arrebató en 1962.

Ayer la lehendakari anunció el traspaso «en plazos muy próximos», que sin embargo no pudo precisar. Sí avanzó que la Junta de Transferencias se reunirá «a finales de diciembre o principios de enero» y que la firma tendrá lugar antes de que concluya la actual legislatura en Nafarroa, que prevé elecciones el 16 de mayo, aunque el traspaso efectivo se materialice luego.

A fecha 31 de mayo de 2018, según la respuesta de Interior a una pregunta del senador de EH Bildu, Jon Inarritu, había en Nafarroa 1.820 guardias civiles en activo, mientras que la Policía Foral dispone de 1.040 efectivos.

Unos 200 en Tráfico

No obstante, el dato más actual que se dispone en Nafarroa de cómo están distribuidos los agentes del instituto armado español se remonta a enero de 2006 (lo denunció la consejera de Interior, María José Beaumont). De acuerdo con esta información, habría destinados 211 agentes al subsector de tráfico. Teniendo en cuenta que entonces había en Nafarroa 1.803 guardias civiles, el 11,7% sus efectivos están adscritos única y exclusivamente a esta labor, por lo que su presencia en Nafarroa dejaría de tener sentido.

A ello,hay que añadir el personal que se dedica a labores de tráfico pero no desempeña esa labor en exclusividad y figuran adscrita a los servicios rurales.

Por lo tanto, tras 17 años sin que Nafarroa asuma una sola competencia, será la Policía Foral la que absorba exclusivamente la coordinación del tráfico, algo que actualmente coordinan ambos cuerpos. Además, Nafarroa ingresaría, a través de multas de tráfico, unos 12 millones al año, caudal que hoy va destinado a las arcas del Estado.

La noticia llega en pleno debate sobre la nueva Ley de Policías de Nafarroa que se tramita en el Parlamento. Por la tarde, Geroa Bai, a través de su portavoz parlamentario, Koldo Martínez, anunció que el acuerdo es un «motivo de orgullo, un hito histórico y una demostración de la firme convicción del Gobierno de Nafarroa de ahondar en el autogobierno». Así, afirmó que «no es una claudicación ante nadie, sino un reconocimiento de derechos y competencias que tiene la ciudadanía».

Más acuerdos

No obstante, la competencia de tráfico no fue el único tema entre Barkos y Sánchez. La lehendakari navarra anunció el acuerdo para acelerar los trabajos para la reforma del Convenio Económico e introducir modificaciones pendientes, de forma que esté aprobada antes del inicio de las negociaciones de la aportación de Nafarroa al Estado correspondiente al próximo quinquenio, de 2020 a 2024. Por su parte, Sánchez trasmitió a Barkos que el Gobierno español está abierto a continuar con las negociaciones con la intención de trabajar «en una solución satisfactoria para todos, respetando el marco legal».

Además, Sánchez aceptó retirar el recurso contra Nafarroa relativo a la asistencia universal, herencia del Gobierno Rajoy. En agosto de este año, la Delegación del Gobierno español de Nafarroa llevó a los tribunales el sistema alternativo organizado por el Ejecutivo navarro tras el veto del Tribunal Constitucional a la ley foral de 2013. Dicha noticia resultaba inquietante, ya que así se estaba garantizando desde hace meses el derecho a la salud de casi 5.700 personas. Y también absurdo, porque el mismo Gobierno del PSOE que canalizó este recurso y que ahora acepta retirarlo aprobó a finales de julio un decreto ley que garantiza la atención sanitaria a todas las personas, tengan o no papeles, revirtiendo así los vetos del Ejecutivo de Rajoy.

Otros puntos en los que Barkos y Sánchez se mostraron de acuerdo se refieren al nuevo diseño del sistema de protección asistencial por desempleo, al incremento de la financiación por dependencia, a la revisión del modelo y refugio y a la revisión de la Lomce. Coincidieron también en modificar la actual normativa laboral para que los trabajadores recuperen derechos perdidos estos años.

En materia de infraestructuras, Sánchez anunció que Fomento está trabajando, entre otros, en el proyecto de acondicionamiento de la N-121A.

Altsasu, «tierra de libertad»

Por otra parte, desde el altavoz que supone Moncloa, Barkos criticó «expresiones que llaman a la confrontación y enfrentamiento», en alusión al acto convocado el domingo en Altsasu por la plataforma España Ciudadana y al que acudirán representantes de Ciudadanos, PP y Vox. Reivindicó que Altsasu y Nafarroa son «tierra de libertad, encuentro y solidaridad». Asimismo, señaló que desde «la defensa de la libertad de expresión y el derecho de cualquier formación política a hacer expresiones de propuesta política» no puede «compartir que a ellas se sumen llamamientos con expresiones de reconquista».

113 millones: sin acuerdo pero con las puertas abiertas

Además del traspaso de la competencia de tráfico y el acuerdo para acelerar las negociaciones y la reforma del Convenio Económico, Barkos trató con Sánchez la reclamación de Nafarroa para que se le permita dedicar los 113 millones de superávit de 2017 a inversiones financieramente sostenibles. La lehendakari navarra apuntó que será «ambiciosa» en una lectura no restrictiva de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con el objetivo de llegar a la ejecución de estos 113 millones. Asimismo, explicó que se está trabajando para ver «el encaje legal» y adelantó que se podrá «trabajar en esa senda», dado que «las puertas no están cerradas».

Sin embargo, por el momento no hay entendimiento. Fuentes del Gobierno de Nafarroa confirmaron a GARA que, tal y como explicó a mediodía la portavoz, María Solana, no tienen constancia de la existencia de un acuerdo entre el Ejecutivo de Sánchez y el Ejecutivo navarro en torno a dichas inversiones. Respondía así a la información que publicaba Europa Press y que avanzaba un avak para gastar únicamente 75 de esos 113 millones.

Por su parte, Sánchez confirmó a Barkos que el Ministerio de Hacienda estudiará la petición de Nafarroa para destinar parte de su superávit de 2017. No obstante, le reclamó que «reformulen la solicitud» reduciendo la cantidad inicialmente solicitada para evitar riesgos que le puedan llevar a una situación de déficit y siempre que se cumpla con los requisitos. El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, anunció ayer tras entregar en el Parlamento las Cuentas de 2019, que no renunciarán a los 113 millones, «aunque haya que repartirlos en dos ejercicios».I.A.