«¿Qué te parecería que al margen de tus honorarios les pidieras una comisión para ti y para mí?». Esta es la pregunta que le hizo en el año 2005 el exdiputado de Administración Local y Equilibrio Territorial Alfredo de Miguel a Josu Arruti, administrador único de Sidepur e imputado en el “caso De Miguel”.

Así lo reconoció ayer el empresario ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Araba, donde confesó haber recibido comisiones ilegales por parte de Construcciones Riera a cambio de dejar en manos del grupo catalán el desarrollo de un polígono industrial en el municipio de Zambrana. El proyecto, valorado en 65 millones de euros, no llegó a materializarse.

Según informaron las agencias, Arruti, quien podría haber cerrado un acuerdo con la Fiscalía, que solicitaba para él una pena de 19 años y diez meses de prisión, afirmó que él y De Miguel acordaron pedir al Grupo Riera una comisión de 161.000 euros para cada uno, 322.000 euros en total.

Tras aceptar el trato se trasladó a Catalunya para planteárselo al responsable de la firma, Francesc Fernández, también imputado, que aceptó incluir las comisiones «dentro de los honorarios profesionales».

Este dinero fue transferido de la cuenta del padre de Arruti, otro de los acusados, a Kataia Consulting, la empresa sobre la que la que pivota esta presunta trama de corrupción, que estaba controlada por De Miguel y los exburukides Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, aunque la sociedad estaba a nombre de sus esposas.

Cabe señalar que Kataia Consulting ingresó los primeros 130.000 euros 24 horas después de que Arruti firmara con el Grupo Riera. Además, varias empresas relacionadas con la familia Arruti también recibieron dinero de Riera, que realizó un ingreso de 584.000 euros en una cuenta del BBVA con la que operaba Sidepur, tal como reveló diarionorte.es.

Compañeros de partido

Este medio ya avanzó hace semanas que algunos de los imputados en la recalificación de los terrenos de Zambrana, unas de las piezas que forman el “caso De Miguel”, habrían llegado a un acuerdo con el fiscal, Josu Izaguirre, que en setiembre solicitó la suspensión del proceso para tratar de cerrar un pacto con los implicados, muchos de ellos relacionados con el PNV.

En este sentido, Arruti destacó que logró el contrato de Zambrana gracias a su relación con De Miguel, con quien compartía militancia política. «Era mi aval», remarcó el acusado, que declaró tras escuchar a la exalcaldesa de la citada localidad, María Justina Angulo, para quien la Fiscalía solicita una condena de cuatro años y seis meses de prisión por considerar que tenía un «interés económico» en la fallida operación.

Angulo explicó que recurrió al Araba Buru Batzar (ABB) para preguntar qué persona le podría ayudar en la creación de un polígono industrial, e incidió en que fue el PNV el que le puso con contacto con De Miguel porque «era quien trabajaba en el tema de los polígonos industriales». «Yo jamás hubiera firmado el decreto de haber sabido que no cumplía la legalidad vigente», añadió, y negó su participación en las reuniones con los promotores del polígono.

«Quisiera saber exactamente qué personas se han beneficiado y, si es así, que lo paguen», sentenció.