A buen seguro ayer se batió algún record parlamentario, al admitirse a trámite la proposición de PNV y PSE para reformar la Ley de víctimas de la violencia del Estado, aprobada el 28 de julio de 2016 y que todavía no había empezado a aplicarse. La norma fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional, que anuló provisionalmente algunos de sus artículos. Con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, Madrid y Lakua negociaron unas correcciones en esos artículos para retirar el recurso de constitucionalidad.

Los cambios suponen eliminar las menciones al esclarecimiento de los hechos, para no colisionar con lo que se puede entender que es la labor de los tribunales, y en salvaguardar el «derecho al honor» y a la «presunción de inocencia» de los victimarios, pese a que la norma tiene un carácter asistencial de las víctimas y no se busca identificar a los culpables.

La proposición de ley se admitió a trámite con el voto favorable de sus firmantes y de Elkarrekin Podemos, el voto en contra del PP y la abstención de EH Bildu. Idoia Mendia, por parte del PSE, e Iñigo Iturrate, en nombre del PNV, defendieron la necesidad de la norma y también de los cambios aceptados para dotarla de una mayor seguridad jurídica.

El parlamentario del PP Carmelo Barrio explicó su rechazo afirmando «que el reconocimiento de víctimas de delitos no puede ir de la mano de una ley autonómica en la búsqueda del descrédito hacia cuerpos policiales», sostuvo que se mantienen los motivos de inconstitucionalidad y hasta se quejó del uso de puntos suspensivos en la proposición.

Ley corta para EP

El jeltzale Iñigo Iturrate afirmó que el problema del PP no es técnico sino de falta de voluntad política hacia estas víctimas.

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Pili Zabala aseguró que la ley se queda «corta», pero explicó su voto favorable en que es una ley que dará seguridad a víctimas que han estado olvidadas durante años.

Zabala criticó que con la actual composición del TC probablemente no se pueda hacer una ley más ambiciosa, como se ha visto en el caso de Nafarroa, y anunció la presentación de enmiendas para tratar de mejorar la proposición.

EH Bildu: «Una rendija»

Julen Arzuaga, de EH Bildu, criticó que se acepte rebajar una ley aprobada y que haya «preocupado más el honor de los delincuentes de Estado que la dignidad de las víctimas». Denunció que se vuelve a discriminar a estas víctimas. Mientras para las de ETA se pone un fiscal para que investigue los casos pendientes, a estas se les deja desprotegidas.

A EH Bildu la ley inicial ya le parecía «descafeinada» y ahora se «mengüe» más, pero Arzuaga anunció su abstención porque «pesa sobre nosotros la necesidad de que las víctimas del Estado comiencen a ser reconocidas» y «muchas esperan de esta ley que abra una rendija por la que poder empezar a verse visualizadas y reconocidas».