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TIJUANA

EEUU blinda la frontera y atiza la ira local contra la caravana de migrantes

La militarización de la frontera con México y el temor al cierre de los pasos hacia Estados Unidos están agravando la ira de la población de Tijuana hacia los centroamericanos que forman parte de la caravana de migrantes que han llegado en los últimos días.

La llegada de la caravana de centroamericanos hasta la frontera con Estados Unidos en Tijuana ha sido recibida con reacciones xenófobas en la localidad mexicana, que teme un cierre definitivo de la frontera que dañe los intercambios comerciales de los que depende su economía.

La oficina de aduanas y de protección fronteriza de EEUU (CPB) alentó este temor ayer con el cierre durante varias horas del paso de San Isidro, donde una larga fila de vehículos y peatones esperaba pasar a San Diego, en el lado estadounidense.

El CPB explicó el cierre por la colocación de «material suplementario de protección», alambres de espino y barreras metálicas, aunque fuentes de ese organismo señalaron que se debió a informaciones que apuntaban a que un número sin identificar de migrantes planeaba entrar a la carrera por la aduana.

Después de unas horas, las autoridades estadounidenses abrieron finalmente este paso.

Alrededor de 3.500 personas que huyen de la violencia y miseria en sus países han llegado en los últimos días a Tijuana y se espera que otras 3.000 lleguen desde hoy.

Las autoridades temen que intenten cruzar la frontera como hicieron entre Guatemala y México el mes pasado.

El domingo, unas 400 personas se manifestaron contra la llegada de migrantes al grito de «No a la invasión», haciendo suyo el argumento del presidente estadounidense, Donald Trump, que acusa a los centroamericanos de ser delincuentes.

Cerca de un millón de personas franquea cada día la frontera para trabajar. Solo en San Isidro pasan 70.000 vehículos hacia el norte diariamente, así como 15.000 estudiantes y 25.000 trabajadores.

Del lado mexicano también se han levantado barricadas metálicas y pasos protegidos por alambres con púas, mientras decenas de policías federales y militares patrullan la zona.

EEUU ha desplegado ya 9.000 soldados en su frontera sur. Ayer, desde la mañana unos 100 soldados del 19° Batallón de Ingenieros del ejército estadounidense, se movieron rápidamente, desenrollando el alambre de espino y atándolo a postes clavados en el suelo. En tres días, la valla de concertina que llega hasta la altura de los hombros emergió bordeando la orilla del río en Laredo, a 2.000 kilómetros de Tijuana.

Hasta ahora, lo más visible del despliegue de Trump es esta alambrada, un obstáculo físico diseñado para conducir a los migrantes peticionarios de asilo hacia los puntos de entrada organizados en territorio estadounidense. Durante el fin de semana, se pudo ver al pelotón del teniente Alan Koepnick extender la alambrada a lo largo de la rivera de un tranquilo parque junto al río, cerca del centro de Laredo. Koepnick reconoció que algunos vecinos de Laredo mostraron su inquietud por las vallas y la presencia de las tropas.

«Verá gente del otro lado del río, maldiciéndonos en español y arrojándonos botellas. Pero en este lado es más positivo», afirmó.

Un juez suspende el decreto de Trump que limita las demandas de asilo

La política migratoria de Donald Trump sufrió un nuevo revés. El juez de distrito de San Francisco, John Tigar, suspendió a última hora del lunes un decreto firmado el 9 de noviembre por el presidente Trump que rechazaba automáticamente toda solicitud de asilo de personas que hubieran cruzado la frontera ilegalmente.

La orden temporal emitida por tiene alcance nacional y regirá hasta que la corte se pronuncie sobre el tema de fondo, para lo cual el magistrado fijó una primera audiencia el 19 de diciembre. Tigar indicó que el decreto de Trump presenta un «conflicto irreconciliable» con la Ley de inmigración y nacionalidad de 1965, que establece que cualquier extranjero que llegue a EEUU puede pedir asilo sin importar cómo ingrese. «Cualquiera sea el alcance de la autoridad presidencial, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso prohibió de manera expresa», dijo Tigar. GARA