El liberalismo político –al menos el noventayochista donde imperaba el legislativo, el Parlamento, cuyo modelo era el inglés– mantenía una concepción suicida, vale decir, otrosí: parte de reconocer la libertad incluso a los enemigos de la libertad. Supone que es posible modificar las bases del sistema por las reglas del juego que la Constitución proporciona dizque los objetivos y los fines de la praxis política no son nunca delito, sino solamente los hechos tipificados como tales en el Código Penal. El liberalismo admite, pues, el cambio «desde dentro» de la legalidad misma. Algo así debió creer la burguesía (no toda ni la alta) independentista en el «procés» hasta toparse con la oligarquía española (con apellidos catalanes y vascos) y su política (?) fascista: se llama «razón de Estado», tótem adorado por recién llegados rastacueros y parvenus. Y se llama así porque lo que importa no son tanto los medios empleados –la lucha armada de ETA o pacífica catalana– como los fines perseguidos. Aquí duele. Los que sí son válidos son los medios empleados por el Estado fascista represor, terrorista, «totalitario», porque su fin lo justifica: aplastar cualquier atisbo democrático, léase el derecho a decidir. Y ello invocando, cínicamente, las libertades. O la Constitución misma: liquidan las libertades cívicas en nombre de las mismas libertades (art.155 o el 55). Que me demuestren lo contrario.

En el Estado español, a diferencia de Europa, no se ha vivido esa etapa liberal, término, por cierto, acuñado en la España decimonónica trufada de pronunciamientos encabezados por militares liberales o espadones trapisondistas, y que es universal en ciencia política. De modo que si antes era delito la actividad política contraria a los Principios del Movimiento Nacional, ahora lo es aquella que se opone a la Constitución (aquí rechazada) de 1978. Una carta magna, que se dice, que no es ya el marco de la libertad y los derechos, sino precisamente el de sus límites, el de la represión.