Alguien en su sano juicio puede explicar el motivo por el que el Consejo de Ministros se traslada hoy a Barcelona para celebrar su reunión semanal, justo la semana en que los tribunales españoles comienzan a juzgar a los máximos responsables del anterior Gobierno catalán?

Poner en marcha una iniciativa tan inusual como la de celebrar un consejo de ministros fuera de la Moncloa y trasladarlo a Barcelona en un momento tan delicado como este –movilizando para ellos a 9.000 policías– solo puede responder a un afán provocador de sus protagonistas… o a una inconsciencia muy preocupante.

Eso sí, mientras tanto, no permiten bajo ningún concepto que el proceso a los líderes catalanes se celebre en los tribunales naturales y se aferran a juzgarlo en el Supremo. Claro, no vaya a ser que dejar el juicio en manos de unos árbitros que no estén comprados termine echando al traste el inmenso trabajo llevado a cabo en todo un año.

Por estos lares conocemos muy bien el empeño de las estructuras del Estado por mandar a ciudadanos de este país a los calabozos madrileños para pasarlos después por los despachos de los jueces de la Audiencia Nacional. Aunque sea por pintar la pared con un rotulador o por una pelea nocturna de bar.

A todos aquellos que aseguran que tenemos las mayores cotas de autogobierno del mundo, habría que recordarles que, hace unos siglos, nuestros fueros prohibían terminantemente juzgar a un guipuzcoano o a un vizcaino por tribunales de fuera de estos territorios. Y, evidentemente, por cometer un delito, no por hacer política.