Efectivamente, se mire desde donde se mire a la realidad de la tortura (las muertes, los heridos, las señales, las condenas, los sumarios contaminados...), siempre aparece algún navarro o navarra como protagonista a su pesar. No se trata seguramente –los estudios oficiales lo dictaminarán– de que en Nafarroa se haya torturado más, pero tampoco menos que en el resto de Euskal Herria, y sin duda tanto como para conformar una realidad imposible de ocultar. Sirva este pequeño compendio de casos como muestra.

El estudio del Gobierno de Lakua, sin dar nombres, apunta que cinco vascos han fallecido a causa de la tortura. Uno de ellos estaba en manos de los agentes de la Guardia Civil de Intxaurrondo pero era navarro, de Orbaitzeta: Mikel Zabalza. Diez años antes de eso, otra navarra, esta vez de Leitza, llamada Amparo Arangoa, había sobrecogido al mundo con la fotografía de su cuerpo totalmente amoratado por los golpes.

También para entonces (1982) un iturendarra llamado Enrike Erregerena había sido torturado gravemente por la Policía española, hasta el punto de que la suya es una de las escasísimas veinte sentencias condenatorias y no anuladas luego por el Supremo. Hubo cuatro agentes de la Policía española declarados culpables. Su caso aún tendría un epílogo significativo 26 años después porque, cuando acudió al Juzgado de Donostia a solidarizarse con los también torturados Igor Portu y Mattin Sarasola, sufrió un pelotazo de la Ertzaintza en los testículos.

Los dos citados también son navarros. La imagen del lesakarra Igor Portu en la UCI del Hospital de Donostia en enero de 2008, con unas heridas por las que pudo haber fallecido según los médicos, es la última huella de tortura con un impacto mediático tal que obligó a salir a la palestra al ministro del Interior y a posicionarse a todo el arco político, quebrando así el tabú habitual.

Más desapercibidos en el Estado pero muy sonados en Euskal Herria fueron casos como el de «los cuatro de Iruñea». Una autoinculpación forzada por la tortura llevó a la cárcel durante dos años a Mikel Soto, Jorge Txokarro, Ainara Gorostiaga y Aurken Sola, en uno de los ejemplos incontestables de sumarios contaminados por los maltratos policiales. Y hay un caso bien reciente en el que vuelve a planear la misma sombra: en diciembre se ha juzgado en la Audiencia Nacional a otro navarro de Lesaka, Joseba Iturbide, por una acusación cuya única prueba procede de una incomunicación en la que se denunciaron torturas. El caso está a la espera de sentencia.

También en diciembre se ha conocido el nuevo archivo de la denuncia de un navarro más, el iruindarra Eneko Compains, protagonista de la última reapertura judicial conocida por un caso de tortura. Atrás ha quedado una pelea de ocho años en busca de un reconocimiento que no han dado los tribunales españoles pero sí podrían proporcionar las instituciones navarras.

En el caso del etxarriarra Jon Patxi Arratibel, ese reconocimiento implícito llegó desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es uno de los expedientes en los que Estrasburgo ha condenado al Estado español por no investigar torturas. Y es también quien pidió auxilio en euskara y al revés («Aztnugal») para dejar de ser maltratado.