Carlos Alberto Ruiz ha pasado por Euskal Herria, invitado por Alternatiba, la misma semana en que el Gobierno de Duque ha cancelado la mesa de diálogo con el ELN tras el atentado que costó la vida a 21 policías en Bogotá. Por su conocimiento directo del tema y por el realismo del análisis, es una voz privilegiada para valorar el momento actual del proceso, si aún existe.

¿Dónde estamos?

Es, evidentemente, el momento más crítico porque se contaba con un mínimo de garantías y reglas, no solamente una garantía jurídica básica para el ELN sino de credibilidad y potencial del proceso basado en la coherencia. El Gobierno no declara la ruptura radical porque ha urdido una trampa y una imagen, pero deja sin esa básica seguridad jurídica este proceso de paz y destruye lo que sería predicable para cualquier proceso de paz en el mundo: el respeto a una delegación de diálogo con la posibilidad de que, si se rompe, retorna esa delegación a su lugar y no se atenta con perfidia contra su seguridad física y libertades esenciales. Este escenario, siendo el más problemático, no obstante puede suponer una reconsideración para ambas partes. El Estado colombiano tiene aún la posibilidad de dar esa garantía jurídica sin la cual obviamente no habrá proceso.

¿Y el ELN, dónde está?

En el reconocimiento que hace de su responsabilidad del atentado de Bogotá, deja planteada la posibilidad de que se examine su actuación a la luz del Derecho Humanitario. Esto significa que puede atender en esta materia las recomendaciones que surjan de observadores verdaderamente independientes, no solo sobre esta acción sino en una mirada más amplia sobre la conducción de operaciones militares por ambas partes. Si se llega a la conclusión para el ELN y para el Estado de que, por ejemplo, quedan proscritos los explosivos, no cabe duda que el ELN puede comprometerse bajo esa mirada y requerimiento imparcial a acciones de desescalamiento, por supuesto, en el marco de la reciprocidad.

El presidente Iván Duque puso como exigencia para reanudar la mesa de conversaciones que el ELN pusiera fin a la práctica del secuestro –retenciones, según la guerrilla–, liberase a las personas que tiene en su poder y suspendiera las acciones.

El ELN propuso la suspensión temporal de las retenciones de carácter económico y suspender otras acciones si se daban ciertas condiciones. A esa fórmula el Gobierno saliente y, sobre todo, el Gobierno entrante, respondió no, arruinando poco a poco la Mesa y señalando unas condiciones imposibles de cumplir dada la naturaleza rebelde de la guerrilla. El ELN ha dicho que está dispuesto a escuchar esas condiciones, pero restablecida la Mesa; incluso llegó a plantear reuniones confidenciales para hablar sobre esas nuevas condiciones, o sea, en esa perspectiva, la regulación o limitación de las privaciones de libertad y de otras acciones. Pero el Estado colombiano, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, no ha enviado hasta el día de hoy a ningún emisario. Aquí no hay negociación, sino imposición; la propuesta de Duque es ‘sométanse y luego negociamos’. Se ha confundido negociación con claudicación. Si se trata de que el ELN se someta, entonces ¿cuál es la razón para negociar? Esto no significa que en el camino el ELN no pueda suspender, reconsiderar, limitar o regular algunas prácticas, por ejemplo lo que tiene que ver con las privaciones de carácter económico y otras. Ya lo ha formulado.

A diferencia de lo que ocurrió con el proceso con las FARC-EP, en la delegación nombrada por el Gobierno de Santos para negociar con el ELN hubo constantes cambios, incluso de jefe negociador, retrasando con ello la dinámica de la Mesa.

Eso que anota es uno de los síntomas que descubren la poca voluntad de ese Gobierno y del Estado por desarrollar un diálogo serio y consistente con el ELN, porque lo entendieron como un diálogo apéndice del desarrollado con las FARC-EP, y por supuesto se equivocaron. Cuando pensaron que negociar con las FARC-EP era tener como anexo o añadido una negociación gratis y exprés con el ELN, les faltó inteligencia y comprensión histórica del conflicto, de las divergencias sustanciales, porque pensaban que dominando a la guerrilla más potente en ese momento, atraían a la que calificaron como más débil militarmente, sin saber que hay diferencias en muchos planos.

¿Cuáles son esas diferencias?

El ELN ha planteado un proceso cuya referencia sea la deuda con la sociedad. No es el sujeto rebelde el centro, no es autoreferencial. Eso no estaba en el proceso con las FARC, que fue como Luis Jorge Garay, un reconocido intelectual, llamó «negociación de cúpulas». Esa es una diferencia clave. Otra de las diferencias tiene que ver con una lectura, en su momento acertada, de las FARC-EP de que había una gran oportunidad con Santos para generar espacios, y es cierto porque se abrieron unas compuertas que con Duque se cerraron, además en un contexto internacional hoy día adverso y diferente al que hubo hace unos años, con Venezuela y otro entorno regional. Pero eso no es ni capricho del ELN ni de las FARC, sino un desenvolvimiento de intereses en el mapa continental.

También tenía que ver con las básicas condiciones que el presidente Santos generó y respetó. No dudo de que Santos hubiera aplicado el protocolo de ruptura, que hoy Duque se da el lujo de desconocer; no llegó nadie del equipo de Santos al grado de negacionismo al que está se está llegando. Diría más, en ese momento había una audiencia favorable y otras ideas eran las que se posicionaban. Leía a Kai Ambos –un reconocido catedrático en Derecho Penal, que hace unos años, según decían, fue asesor de Sergio Jaramillo, o sea de la estrategia del Estado–, que opinaba diferente a como lo hace hoy, secundando con mediocridad los argumentos de Duque al grado de decir que en Colombia no hay un conflicto armado interno. Estamos ante un escalamiento de tesis perversas y enunciados oportunistas y rastreros como que «el ELN hizo trizas la paz», esta vez por vía de algunos opinadores que se acoplan ante esa vuelta rentable al negacionismo que desarrolló Uribe y que Santos, en alguna medida, se atrevió a romper.

¿Ha perdido el ELN el tren de la paz que de alguna manera hizo encarrilar Santos?

Creo que se perdió por parte de todos una posibilidad. Santos sí formuló al ELN un tren de paz, pero parte de esos vagones estaban marcados con las siglas DDR, Desarme, Desmovilización y Reinserción. Al ver que el destino de ese tren tenía marcado el DDR, ese final, el ELN con su razón no se subió, no podía hacerlo por su coherencia. No obstante, hay que reconocer que Santos tuvo una mirada estratégica que hoy echamos en falta. Hoy día vemos chapuzas en el Gobierno, y trampas que urden hacia la perfidia, no sólo engañando al ELN sino a países tan serios como Noruega, a otros garantes y al país y la comunidad internacional. La Administración Duque quiere ponerlos de peones, de policías o carceleros en un enfoque de rancio Derecho Penal decimonónico. En la medida en que deja rehén a la delegación del ELN en Cuba, puede direccionar presiones a Cuba y Venezuela, o sea, jugar a su vez un papel de peón en el papel geopolítico, a las órdenes de Pompeo o Trump.

¿Y ahora qué? Incluso a Noruega le ha dicho Duque que no reconoce protocolos como el de ruptura y retorno del ELN, que vence el 2 de febrero...

Si bloquea la delegación de diálogo del ELN, todos los esfuerzos políticos y diplomáticos, cualquier entendimiento incluso sobre esos asuntos humanitarios inaplazables, quedará sin resolverse y será un bumerán. Está buscando por la vía penal más visceral una presión que probablemente no va a fructificar. Lo que va a crear es un escenario diplomático de presiones indebidas contra países soberanos que sabrán cómo contestar a esa absurda petición de extraditar a quienes no han hecho más que cumplir un mandato de dialogar en medio del conflicto, pues el Estado ha rechazado el cese bilateral, para poder conversar sin el peso de las acciones propias del conflicto armado. Como asesor jurídico que he sido del ELN, lo que yo tengo que manifestar es que la petición del Gobierno colombiano es improcedente, recae sobre hechos que hacen parte de la rebelión, que es un derecho. Por tanto, configuran delitos políticos y los países que hacen parte de Interpol o son parte de otros tratados, pueden no cumplir esas supuestas obligaciones tratándose de la persecución de delincuentes políticos o rebeldes. Si Colombia desconoce esos protocolos, defrauda la buena fe con la que se firmaron por países garantes como Noruega, que seguramente rehusarán participar del acto ilegal o la perfidia a la luz del derecho internacional, siendo infractores de compromisos internacionales, consuetudinarios, que es a lo que les invita el Gobierno Duque. ¿Cómo se harían buenos oficios en el futuro frente a otros conflictos, por ejemplo en Palestina?

¿Hay todavía algún tipo de margen o estamos ante una oportunidad histórica perdida?

Creo que pese a lo terrible y doloroso que ha sucedido por la acción de Bogotá y el conjunto de actos de guerra de ambas partes, y al ambiente de guerra sucia que ha desarrollado el régimen con la matanza sistemática de líderes sociales y de derechos humanos, hay posibilidad todavía de reconducir, y de alguna manera, hay una señal esperanzadora, constructiva, en el propio comunicado en el que el ELN admite su responsabilidad, cuando plantea que está dispuesta esta organización al escrutinio, no solamente sobre esta acción sino sobre otras.

El ELN está esperando que haya iniciativas formuladas por la comunidad internacional y en el país, para debatir y hallar soluciones prácticas; es justo ahora el momento de plantearlas. Hay actitud clara, que me consta a mí, de escucha y de atención, de tomar nota y de procesar esos requerimientos que se le hagan. Así ha sido durante meses y años, por ejemplo cuando recientemente se acudió al Papa Francisco para que jugara un papel y a otros países y estados, y fueron despreciados esos esfuerzos por la Administración Duque. Creo que es el momento de retomar esos buenos oficios del Vaticano, de Naciones Unidas, de la Iglesia Católica en Colombia, de plataformas que han pedido que ambas partes se comprometan con el Derecho Humanitario y no se entierre definitivamente este proceso. Están todavía en La Habana dispuestos a escuchar y a acoger recomendaciones.

El hecho de que estas entidades se involucren y no dejen que la delegación del ELN regrese a sus campamentos y territorios, sino que cuente de nuevo con básicas garantías jurídicas, será primordial, porque luego va a ser muy difícil retomar el contacto y plantear asuntos humanitarios, como la entrega que se espera de los tres tripulantes de un helicóptero derribado por el ELN, u otros compromisos respecto a retenciones, minas antipersona, etcétera... Retomar los asuntos humanitarios es esencial, no al capricho de las partes sino según dicta el Derecho Humanitario.

Es una posibilidad para no quemar todos los puentes. Estamos viendo cómo arden unos, algunos están destruidos, pero otros no lo están todavía.