Decenas de miles de personas abandonaron Altsasu el domingo por la tarde, que volvió a convertirse en una localidad común y corriente de 7.500 personas. Buena parte de los medios de comunicación españoles esquivaron la noticia de una manifestación formidable, porque el domingo quedaron retratados. La envergadura de la protesta escapa y sobrepasa los patrones de cualquier otra movilización en Nafarroa. El relato oficial está definitivamente quebrado.

La Fundéu, el principal referente ortográfico después de la Real Academia, emitió una nota ayer recomendando el uso del artículo femenino “la” cuando se habla de agravantes jurídicas. Ha lanzado el aviso –literalmente– porque «en los medios de comunicación pueden verse casos como ‘La Audiencia ratifica el agravante por discriminación ideológica en el caso Alsasua’».

Una pelea de bar común y corriente ha conseguido suscitar un debate sobre el lenguaje. El caso ha sido elevado a la piedra de toque con la que se mide la calidad de la justicia española. Y lo ha hecho gracias al tesón de un pueblo, que ha puesto todo su empeño en que esta injusticia no fuera pasada por alto.

Desde Altasukoak Aske facilitaron ayer a GARA un borrador con los repartos de los trabajos que se llevaron a cabo para sacar adelante la hazaña.

El «making off» de la protesta

Solo el día de la manifestación, tuvo lugar un auzolan con 322 voluntarios ocupándose de una tarea específica. Según Eneko Mendiluze, este recuento es el que sale de los equipos «mínimos». Por ejemplo, el talde que se encargó del tráfico está cifrado en 50 personas, pero acabaron siendo muchos más. «Veníamos de reuniones previas a las que asistían unos 250 vecinos. Ahí se distribuían tareas, pero luego está la gente que se suma a echar una mano», comenta el responsable Altsasukoak Aske.

En este conteo de voluntarios tampoco se ha tenido en cuenta las empresas que fueron contratadas para los equipos de sonido (que se conectaron a la casa de otro vecino), etc. La plataforma asegura que la presencia policial fue prácticamente nula y esto convierte a la manifestación en todo un éxito de autogestión y civismo.

Otros de los taldes más numerosos del domingo fueron los de las pancartas y el del pintxopote (al menos 40 personas en cada uno) o los que se encargaban de vender las camisetas, etc. Más curiosos son el grupo de 20 personas que se encargaban de portar las letras gigantes «JUSTIZIA» y los 36 que estuvieron destinados a sujetar las pancartas con las que se iba narrando cronológicamente el caso.

En esos 322 tampoco están contados los vecinos que aparecieron el sábado por la noche en el frontón para llevarse a sus casas a los solidarios que llegaron el día de antes.

Un punto y seguido

«Somos conscientes de que nos queda un camino largo», explicaba ayer Aritz Leoz, portavoz de la plataforma. El paso siguiente, avanzó, será insistir en la internacionalización del caso y en profundizar en el trabajo en el pueblo. Leoz viajó la semana pasada a Bruselas y la abogada Amaia Izko trató sobre lo que ha supuesto este proceso ante una comisión de Naciones Unidas hace dos semanas. «Este caso ha abierto los ojos a mucha gente. La manifestación refleja esa evidencia», remarcó Leoz.

En el plano jurídico se está en la fase de redacción de los recursos. Jaione Carrera, letrada de Adur Ramírez de Alda, aseguraba ayer que las defensas ya han anunciado oficialmente que recurrirán al Supremo y que se está en plazo para afinar cómo se rebaten los argumentos de la sala de apelaciones.

La otra incógnita que queda por despejar es qué harán las acusaciones y, más concretamente, Fiscalía. La tesis de que fue terrorismo ya ha sido rebatida por nueve jueces (los tres de la Audiencia Navarra, los tres del Tribunal que juzgó y los otros tres de la Sala de Apelación) por lo que el fiscal José Perals tiene poco a lo que agarrarse. Está del todo desautorizado.

Reacciones en el Parlamento

La protesta, que se ha cifrado en 60.000 personas, marcó ayer la última Junta de Portavoces de la legislatura. El caso parte en dos al arco político navarro. Las fuerzas del cambio están con las familias pidiendo proporcionalidad. Por su lado, la oposición compra la versión oficial y se alinea con los jueces de la AN.

UPN y PP mantienen el mantra de que el Ejecutivo cometió un error al acudir a la manifestación. «El Gobierno estuvo con los agresores en lugar de estar con los agredidos», remarcó Javier Esparza. Y en cuanto al PSN, María Chivite, se enroca en que «no fue una simple pelea de bar» (cosa en la que discrepan los ediles del PSN en Altsasu).

La lectura del cuatripartito es unitaria. Lo ocurrido constituye una aberración jurídica y la enorme movilización y empatía que despiertan los jóvenes y sus familias es directamente proporcional a injusticia cometida.

 

Declaraciones

«Se vio una impresionante muestra de dignidad y de gente a favor de una justicia real y proporcional»

Aritz LEOZ

Altsasukoak Aske

«Imponer 13 años de condena es una barbaridad jurídica y política. La manifestación del domingo consiguió sus objetivos»

Adolfo ARAIZ

EH BILDU

«No nos gusta que la portavoz de Gobierno se posicionara de parte, dice mucho del respeto a la separación de poderes»

María CHIVITE

Líder del PSN