Mariano Camio, exalcalde de Getaria (PNV) y uno de los principales acusados del juicio Balenciaga por las supuestas irregularidades cometidas en la gestión de las obras del museo junto con el arquitecto Julián Argilagos –huido a Miami– y Rolando Paciel, declara sentirse «muy tranquilo». «Lo dije en el primer día del juicio y lo vuelvo a decir ahora», afirmaba ayer a las puertas del Juzgado de Donostia, tras la conclusión de la penúltima sesión, que terminó con las declaraciones de la que fuera curator y responsable de exposiciones del Museo Balenciaga Miren Arzalluz y el arquitecto Mikel Alonso.

Según Camio, contra quien la Fiscalía solicita ocho años de prisión, durante el juicio no se analiza el contexto de los hechos. «Se analizan los hechos, pero no por qué han sucedido». Afirma que «existen muchas mentiras», como las supuestas duplicidades contractuales durante las obras del Museo. «¿Pero dónde está todo eso? No lo puedo entender». «Como dice el refrán –ha continuado–, de fuera vendrán y de casa te echarán. Todo ello con un claro objetivo: el dinero». Y también intereses políticos, dice.

El que fuera vicepresidente ejecutivo de la Fundación Cristóbal Balenciaga y gerente de la sociedad Berroeta Aldamar indica que crearon un «cordón sanitario» a su alrededor para que nadie hablara con él. «Iban a salir cosas a la luz, y eso no convenía». Preguntado sobre cómo se ha sentido durante estos once años de proceso, ha recalcado la «gran soledad» en la que ha vivido y los apuros económicos por los que ha pasado. «Me desahuciaron. Me quitaron la casa. He estado cobrando 420 euros al mes. ¡420 euros! No hay derecho con lo que me han hecho». Se ha defendido señalando que nunca ha entendido qué mal ha hecho al proyecto Balenciaga. «¿Qué he hecho yo? Me han destrozado la vida totalmente».

Arzalluz y Alonso

Miren Arzalluz, actual directora del Museo de la Moda de París (Musée Galliera), tuvo una estrecha relación con el Museo Balenciaga, primero cuando realizó allí una investigación sobre el modisto financiada por la Diputación de Gipuzkoa, y posteriormente como curator y responsable de exposiciones del centro. A preguntas del fiscal, que en ningún momento le preguntó sobre el informe interno que elaboró desvelando la desaparición de distintas prendas de Balenciaga custodiadas por la Fundación por haber prescrito, habló sobre la colaboración que realizó con el Museo en relación a la exposición inaugural. Se trataba de una muestra conjunta a partir de la selección de nueve museos internacionales que tenían en sus fondos obras de Balenciaga y que nunca se llevó a cabo. «Camio me muestra su preocupación por que uno de estos museos, el Metropolitan de Nueva York, dice que no logra dar con Julián (Argilagos), que no contesta a los emails y cartas. Camio me dijo que Julián no estaba bien y de manera puntual quise echar una mano para sacar adelante esa exposición».

En una intervención rápida y corta, Arzalluz fue cuestionada por el fiscal sobre la supuesta duplicidad en las funciones contratadas con Julián Argilagos. «Desconozco las circunstancias en las que Camio decidió hacer contratos, las circunstancias en las que se encontraba la Fundación, no sé quién llevó a Camio a tomar esas decisiones. Desde una perspectiva profesional, un conservador puede ser comisario de exposición. Puede dedicarse a custodiar, a cuidar y a estudiar una colección y a su vez comisariar una exposición. Eso es habitual. Pero desconozco las circunstancias en las que esto se produjo y el contenido de estos contratos».

La última declaración testifical del juicio la realizó el arquitecto Mikel Alonso, quien fue contratado por la empresa Hemen Art, de Julián Argilagos, «para redactar una versión que unificase distintas versiones que Argilagos había redactado y conseguir que este documento de proyecto básico fuera efectivamente un proyecto básico que cumpliera la normativa vigente».

El fiscal le preguntó sobre el aumento del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) que en pocos meses pasó de 800 millones de pesetas a los 15 millones de euros y sobre los honorarios que recibía Julián Argilagos en función del aumento del citado presupuesto. «Claro que tenía conocimiento de ese contrato. Se nos pidió que dictamináramos si el contrato se correspondía con los estándares del colegio de arquitectos. Se establece un porcentaje y es proporcional. No es exponencial. El aumento que se recogía en el contrato era lineal. Esto es lo usual», dijo.

Y continuó: «Ese contrato establece porcentajes de honorarios de proyecto y direccion de obra sobre el PEM, que es lo que establecía el colegio de arquitectos en las tarifas de honorarios. Lo habitual en la profesión es que se establezca un presupuesto estimado, que se le encarga al arquitecto, y un porcentaje tanto de ejecución de proyecto básico y direccion de obra. Ese contrato a mi modo de ver no tiene nada absolutamente extemporáneo o ajeno».