Parece que hay algo que celebrar con una sentencia del Tribunal Supremo. Han decidido que lo de los criminales de La Manada en Iruñea fue una violación por lo que aumentan su pena a quince años y han sido detenidos inmediatamente e ingresados en prisión. Bien. Lo que la inmensa mayoría de la ciudadanía comprendía, sabía, entendía que había sido una violación de una joven entre cinco desalmados, para un juez era una juerga, para un Tribunal eran abusos y para un abogado defensor era poco menos que una orgía propiciada por ella por lo que la víctima debía dar las gracias por lo que le hicieron esos sujetos que esperemos reciban en prisión el trato que acostumbran a dar a los violadores.

De acuerdo, se ha restablecido un poco el honor de la víctima, la dignidad de ella y de todas las mujeres que han sufrido esa violencia de género tan escalofriante, ha servido, se supone, para que los políticos además de andar en sus jeroglíficos para hacer pactos, pactitos y renuncias se den prisa en definir de manera correcta los delitos de esta índole en el Código Penal, la diferencia entre abuso y agresión. De paso, a los del tridente de la extrema derecha se les pediría que dejen de joder con los eufemismos y, por último, se abre en mi conciencia de observador descalificado, más que una duda, un deseo: ¿hay alguna posibilidad de emprender alguna acción penal contra aquel juez cavernícola de Iruñea, con los miembros del tribunal que insistieron en meterles la pena mínima, con el abogado defensor que se ha convertido en muchos platós en un apologeta de las violaciones en grupo? Hoy este letrado ha recalcado en el Supremo que la joven no había dicho que no de manera explícita. Por lo tanto, sus bestias entendían que había dicho que sí. Da asco esta línea argumental. Pero seguirá saliendo por la tele impartiendo doctrina execrable. Una manada menos.