14/07/2019

Reportaje
Lista de morosos de Gipuzkoa
LAS CUENTAS OLVIDADAS DE LA INCINERADORA DE ZUBIETA

Los mayores morosos de la Hacienda de Gipuzkoa en su día tuvieron negocios con la Diputación Foral. En sus terrenos de Aritzeta se planeó la construcción de la incineradora. Finalmente esa ubicación se descartó y la institución tuvo que indemnizarles.

Isidro Esnaola
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La lista de morosos de las haciendas forales publicada a finales de junio no ha deparado grandes novedades. Quizás, lo más relevante sea que en Gipuzkoa se mantienen como los mayores deudores individuales los hermanos Osinalde Echaniz, herederos del promotor inmobiliario Jose Osinalde, dueño entre otras empresas de la inmobiliaria Ondarreta SA, ya desaparecida.

Lo curioso es que los ahora perseguidos por Hacienda fueron en su día socios de la Diputación Foral en la gestión de una promoción urbanística en Aritzeta, en terrenos de Donostia y Usurbil. Más tarde, la Diputación de Gipuzkoa quiso construir la incineradora, precisamente, en aquellos terrenos y al final terminó pagando a los ahora morosos, con cargo a los presupuestos públicos, 212.057,39 euros por el perjuicio patrimonial que provocó.

Pero vayamos por pasos. Cabe aclarar, en primer término, que la deuda de casi 50 millones que ambos hermanos compartían –este año la han reducido 18 millones, hasta dejarla en 31,5 millones– no provenía de aquella operación, sino que se originó cuando Inspección abrió unas actas a su padre en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de los años 1999 y 2000. Hacienda consideró que unas operaciones realizadas con las acciones de la empresa de su propiedad, Ondarreta SA, pretendían ocultar un reparto de beneficios. En consecuencia, exigió completar la declaración de la renta. El litigio judicial posterior se alargó más de una década hasta que el Supremo resolvió en casación dar la razón a Hacienda (STS 2495/2016).

Previamente, socios de Ondarreta SA también tuvieron otro litigio similar con la Agencia Tributaria en Nafarroa que terminó como el anterior, tras un largo proceso judicial (STS 4739/2010).

La querencia de sus propietarios por ahorrarse el pago de impuestos mediante operaciones fraudulentas no parece que fuese un impedimento para que la Diputación Foral de Gipuzkoa hiciera negocios con ellos. Ya en 1990, Ondarreta SA y la Diputación firmaron un singular contrato por el que la empresa se comprometía a ceder 1.000.000 m2 (en Aritzeta) a cambio de obtener unos beneficios fiscales que se aplicarían a las ganancias de la promoción futura, con el compromiso de que se invirtieran en el territorio. Un acuerdo cuestionable, dado que las bonificaciones fiscales no son materia negociable, se tiene derecho o no a beneficiarse de ellas en función de lo que diga la ley vigente. Sea como sea, el convenio incluía además la constitución de una sociedad mixta y paritaria para la «gestión y promoción con fines turísticos y de interés social de 13 fincas propiedad de Osinalde SRC y La Loma SA». El contrato incorporaba el compromiso de la Diputación de aprobar el planeamiento correspondiente y la obligación de Ondarreta SA de adquirir otros 660.000 m2, colindantes con las anteriores parcelas.

En diciembre de ese mismo año se creó la sociedad mixta paritaria entre la Diputación y Ondarreta SA, que recibió el nombre de Igara Gestión SA y el encargo de ejecutar la gran promoción planificada en la zona de Aritzeta. El proyecto no avanzó y en 1999, ya con Roman Sudupe en la Diputación, se decidió ampliar el plazo para su ejecución cinco años más, prorrogables por otros cinco. Posteriormente, por alguna razón sobre la que solo cabe especular, se produjo un cambio en la postura del Gobierno Foral. Sin descartar posibles desacuerdos entre la Diputación y los socios privados, dos hipótesis cobran especial relevancia. La primera es que se pusiera en cuestión la legalidad del extraño acuerdo firmado para un desarrollo urbanístico en el que la parte privada ponía los terrenos y se llevaba los beneficios fiscales, mientras la parte pública se encargaba del planeamiento. La segunda tiene relación con lo que ocurrió después en Aritzeta. Conviene recordar que es en esta legislatura que va de 1999 a 2003 cuando comienzan a pergeñarse los primeros planes para el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Es decir, es en aquella época cuando se empieza a barajar la construcción de una incineradora.

Así, según los hechos probados en sucesivas sentencias, en febrero de 2002, la diputada de Urbanismo remite una carta a Ondarreta SA en la considera cumplidos los compromisos de la Diputación e insta a su socio privado a ceder los terrenos que había comprometido, a pesar de que el planeamiento urbanístico seguía sin aprobarse. A partir de ese momento se producen varias maniobras para modificar los convenios hasta que, el 13 noviembre de 2003, el Consejo de Diputados, ahora ya presidido por Gonzalez de Txabarri, decide no prorrogar el convenio. Pero al mismo tiempo, requiere al socio privado que haga efectivo el compromiso de cesión de los famosos terrenos.

Para entonces la Diputación ya estaba barajando con las mancomunidades la posibilidad de construir la incineradora precisamente en los terrenos de Aritzeta –es la que se conoció como planta de Loistegikogaina–, aunque no es hasta julio de 2004 cuando la Diputación propone a las mancomunidades esta ubicación. Algo que, por cierto, no gustó nada al entonces alcalde de Donostia, Odón Elorza, que aseguró, entre otras cosas, que «no vamos a ser tan estúpidos de aceptar» la construcción de la incineradora en la capital «por un procedimiento manipulador». Eran otros tiempos.

Planta contaminante, según sentencia

Finalmente, la contestada incineradora se llevó a Zubieta, pero la sentencia 5154/2010 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que da la razón a los socios privados de Igara Gestión SA en su pleito con la Diputación de Gipuzkoa por no haber cumplido sus compromisos, señala que «evidentemente resulta contradictoria la aprobación del planeamiento urbanístico con la instalación de una incineradora, ya que tratándose de un elemento contaminante se prohíben en sus proximidades usos residencial, parques de ocio y atracciones previstos en el proyecto». Dicho de otro modo: ni los jueces dudan del carácter contaminante de una incineradora.

Es por ello que el tribunal condenó a la Diputación a pagar 212.057,39 euros por el perjuicio patrimonial a los que, a día de hoy, son los mayores deudores de Hacienda. Un pago que, quizás, también habría que incluir en los costes de la incineradora y que el actual Gobierno Foral «olvida».

CONTAMINACIÓN

En la sentencia que da la razón a los que ahora son los mayores morosos particulares de Gipuzkoa, el TSJPV trató la incineradora proyectada como «elemento contaminante».