01/09/2019

EDITORIALA
No se puede dejar la vivienda en manos de depredadores

El de la vivienda es, probablemente, el derecho constitucional más masiva y sistemáticamente vulnerado en el Estado español, que tiene la obligación de garantizarlo. Conviene recordarlo cada vez que alguien esconde tras un pretendido constitucionalismo lo que no es más que un nacionalismo español cerril y antidemocrático.

En cualquier caso, Hego Euskal Herria, donde se registran algunos de los metros cuadrados más caros del Estado, no es ajena a esta vulneración del derecho a la vivienda, entre cuyos afectados destacan dos grupos: el de las personas en situación de pobreza y el de la juventud.

El primer grupo es bastante más numeroso de lo que el relato sobre el bienestar vasco acostumbra a admitir. De ahí que Lakua haya bloqueado durante semanas la encuesta en la que se apunta que los niveles actuales de pobreza grave en la CAV no se veían desde los años 80. Es importante poner pie en pared ante los discursos que criminalizan ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos, así como estar alerta ante la tentación de hacer propias agendas de la extrema derecha con el mero objetivo de aprobar unos presupuestos. Las cifras como antídoto: 2018 se cerró con 55.380 perceptores de RGI, mientras que la encuesta citada asegura que el mismo año había 109.735 personas en riesgo de pobreza grave.

Por otro lado, cabe recordar que los vascos tienen una de las tasas de emancipación más tardías de la UE, rondando los 30 años, cuando la media europea está en los 26. La dificultad de acceder a una vivienda es, claramente, pieza clave en este retraso que condiciona la vida adulta de miles de jóvenes. Porque el de la vivienda no es un problema solo económico, hablamos de cohesión social.

Y ahora, a por el alquiler

En este contexto, resulta pertinente la mirada reposada que Nekane Jurado ofrece en los análisis publicados en estas páginas este fin de semana. Una de las principales victorias del capitalismo ha sido tatuar en el subconsciente colectivo el relato de que no hay alternativa, de que las cosas son como son por una evolución natural e irrevocable de los acontecimientos. No es cierto. El problema de la vivienda es resultado de políticas públicas concretas. Empezando por el «no queremos una España de proletarios, sino de propietarios» del falangista bilbaíno José Luis de Arrese, ministro de Vivienda a finales de los 50, hasta la reforma legal de la ministra Carme Chacón para agilizar los desahucios, pasando por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que liberalizó el mercado del alquiler.

Durante décadas –también hoy en día– se ha privilegiado la compra, pero con la crisis, la demanda de los sectores más afectados ha regresado al alquiler, renovado terreno de juego para la especulación. Cada vez se compra y se construye más para alquilar. Pero lejos de una evolución espontánea del mercado, nos encontramos de nuevo con las facilidades ofrecidas desde el poder público: las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), auténticos paraísos fiscales a la sombra, permiten a los inversores –fondos buitre, muy a menudo– evitar el impuesto de Sociedades y gran parte del de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Hay alternativas, y deben ser públicas

Hay alternativas encima de la mesa, y existen en diferentes estratos. A nivel municipal hay en marcha numerosas experiencias de viviendas cooperativas y comunitarias, y la referencia de Berlín, que ha congelado los alquileres para cinco años, es más que sugerente; son ventanas que conviene explorar. Las iniciativas municipales, con todo, tienen sus límites –se ha comprobado con impuestos locales como el IBI–; es necesaria una acción concertada desde instancias superiores.

Desde luego, la disposición de las herramientas de un Estado –Portugal ha empezado, tímidamente, a actuar en el mercado del alquiler– facilitaría mucho la adopción de medidas efectivas, pero la falta de competencias no es un pretexto para no actuar; tampoco para no exigir desde otras instancias, de forma articulada, cambios drásticos. Porque los números retratan la acción institucional: el precio del metro cuadrado de la vivienda en el mercado libre bajó algo durante la crisis, pero el de la vivienda protegida ha crecido en la CAV un 34,7%. Y lo cierto es que, más allá de las buenas palabras, el presupuesto dedicado a políticas de vivienda, tanto en Iruñea como en Gasteiz, no ha hecho sino menguar en los últimos doce años.