GARA
Iruñea

SF78: Gogoan! se querella contra Zoido y Marlaska

Sanfermines-78: Gogoan! y Fermín Rodríguez Saiz, hermano de Germán, han interpuesto una querella contra el exministro español de Interior, Juan Ignacio Zoido, y el actual titular, Fernando Grande-Marlaska, por un presunto delito de ocultación de documentos.

Según informó SF78: Gogoan!, la querella, que tiene como base el artículo 413 del Código Penal, también se dirige contra Isabel Goicoechea Aranguren, subsecretaria de Interior; José Rafael Rojas Juárez, subdirector general de Asociaciones, Archivo y Documentación del Ministerio de Interior, así como contra todas aquellas personas que hayan tenido intervención en los hechos descritos en la citada querella.

La asociación recordó que el artículo 413 del Código Penal establece que «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años».

La querella se refiere al informe policial sobre los sucesos de los sanfermines de 1978, cuya elaboración fue reclamada por el Pleno del Congreso de Diputados español, en sesión del 11 de julio de ese mismo año, y elaborado a instancias del entonces ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa.

El mismo contiene a su vez otros tres diferentes informes realizados por el general subinspector de la Policía, Dionisio Bartrech –11 de julio de 1978–, el gobernador civil de Nafarroa, Ignacio Llano –12 de julio–, y el subdirector general de la Policía, José Sáinz, de 14 de julio. Dicho informe fue debatido en la Comisión de Interior el Congreso de los Diputados en fecha de 19 de julio de 1978 (Diario de Sesiones nº 11, sesión nº 9, de 1978).

El citado triple informe fue requerido como prueba por la acusación particular dentro del sumario 82/80, abierto en relación con la muerte de Germán Rodríguez.

Admitida la prueba por la Sala de la Audiencia Provincial, fue reclamada por esta en distintas ocasiones, directamente y a través del Tribunal Supremo español, sin que nunca fuera remitida al Juzgado. La prueba, de haber sido aportada, habría tenido «sin duda alguna una influencia evidente en el proceso abierto», según señaló Sanfermines-78: Gogoan!.

En fechas recientes, el 20 de diciembre de 2017, distintos diputados del Congreso solicitaron del Ministerio español de Interior, entonces dirigido por Juan Ignacio Zoido, la aportación del informe. La respuesta, con fecha de 14 de mayo de 2018, afirmaba que «no hay en los registros constancia del informe requerido».

Dicha petición fue reiterada el 27 de junio de 2018 por distintos diputados, cuando el Ministerio estaba ya dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Y en fecha de 27 de julio de 2018, se recibió idéntica respuesta: «No hay en los registros constancia del informe requerido».

A juicio de la asociación Sanfermines-78: Gogoan!, los hechos relatados «muestran una clara voluntad obstruccionista por parte de la Administración del Estado y sus distintos responsables en relación con la investigación de los hechos de sanfermines de 1978 y, en particular, la comisión del delito de inutilización u ocultación de documentos al que se refiere el artículo 413 del Código Penal».

En el archivo del Congreso

La asociación ha decidido poner la querella en vista de que, en realidad, el famoso informe que gobiernos tanto del PP como del PSOE no habían sido capaces de localizar se encontraba en el archivo del Congreso español.

Cuando fue localizado, los parlamentarios de EH Bildu que consiguieron dar con él fueron advertidos por parte de funcionarios de que esos documentos contenían datos sensibles de personas concretas, por lo que les recomendaron no hacerlos públicos.

Los originales se quedaron en el registro, pero los congresistas salieron de allí con una copia en formato digital y fueron puestos en manos de Sanfermines-78: Gogoan! para su posterior análisis y para ser empleado en la querella que por lo sucedido en aquellas fiestas se había presentado en enero en Iruñea.

Tras hacerse público en febrero que el informe había sido encontrado, al mes siguiente, la asociación hizo pública su intención de denunciar a los responsables gubernamentales de haber mantenido oculta esta información, como finalmente han hecho.