En próximas fechas, Quim Torra dejará de ser president de la Generalitat de Catalunya. Así ocurrirá después que confesara ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que desoyó los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC) para que retirara del balcón de la institución la pancarta que pedía la “Libertad de los presos políticos y exiliados”. Unos requerimientos que recibió durante las campañas al Congreso español y a las municipales que se celebraron, respectivamente, los meses de abril y mayo pasados.

«Sí, yo desobedecí!», admitió en su comparecencia ante el tribunal que lo juzgaba por un presunto delito de desobediencia civil y por el cual la fiscalía solicita una condena de un año y ocho meses de inhabilitación y a una multa de 1.000 euros, propiciando que Pere Aragonès, vicepresidente del Govern, o bien otro diputado elegido por la cámara catalana, tengan que asumir su cargo hasta agotar la presente legislatura.

Enmienda al tribunal

Eran las 9 de la mañana, cuando Quim Torra, su esposa y sus dos letrados subían las escalinatas del histórico Palacio de Justicia de Barcelona para someterse a la causa emprendida por el TSJC, la primera desde el final del franquismo contra un presidente de la Generalitat en activo.

Detrás suyo dejaba el millar de personas que se acercó para expresar su solidaridad, entre ellas dirigentes de las tres fuerzas independentistas del Parlament y de las entidades soberanistas Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Arropado entre gritos de “Independencia”, “Libertad” y “No es justicia, es venganza”, Torra accedía al mismo tribunal que en 2015 ya había condenado al president Artur Mas y varios de sus consejeros por haber impulsado el referéndum del 9 de noviembre de 2014.

Durante su comparecencia, Quim Torra afirmó que mantuvo la pancarta en el balcón del Palau de la Generalitat en ejercicio de la libertad de expresión, a la vez que desoyó las advertencias de la Junta Electoral Central (JEC) por entender que es un órgano sin competencias para abordar una cuestión cuya potestad recae en el mismo president de la Generalitat. También aprovechó para calificar el juicio de «político» y acusar el TJSC de «prevaricar», una circunstancia a la cual se refirió su abogado, Gonzalo Boye, que en su intervención advirtió de que «ni la jurisprudencia ni el marco normativo no asignan a la JEC ningún rango superior».

Boye reprochó al TSJC su «manifiesta parcialidad» y cogió como ejemplo la recusación que ya se formuló contra su presidente, Jesús María Barrientos, después que este expresara su malestar por la presencia del lazo amarillo en la balconada de la Generalitat, afirmando que este símbolo alteraba «el equilibrio político». En opinión de Boye, con estas palabras «Barrientos entró en el debate fáctico y jurídico del procedimiento», hecho que le convierte en un actor imparcial.

También a las puertas del Palacio de Justicia, el conjunto de partidos y movimientos soberanistas manifestaron su enérgico rechazo a la causa contra Quim Torra. Así lo expresó Pep Cruanyes, vicepresidente de la ANC y abogado de profesión, quien expresó que «el proceso del TSJC es una vulneración flagrante del principio de legalidad, puesto que como autoridad, Torra tiene la obligación de defender los derechos humanos y denunciar si estos se vulneran. Y esto es lo que hizo colocando la pancarta en la fachada del Palau de la Generalitat». Por su parte, Marcel Mauri, vicepresidente de Òmnium Cultural, hizo hincapié en la «indignidad» que, a su entender, supone asistir a un juicio donde la ultraderecha, en referencia a Vox, ha ejercido nuevamente la acusación popular.

Atentado a las libertades

En cuanto a las fuerzas soberanistas, todas ellas insistieron en que el juicio contra Torra muestra las terribles lagunas de la democracia en el Estado español, que «persiste en utilizar las vías penales para abordar problemas de naturaleza política», afirmó Meritxell Budó, portavoz del Govern.

También Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, habló en nombre de ERC para calificar el juicio como un nuevo «atentado contra los derechos civiles y políticos», al mismo tiempo que recriminó al Estado que recurra a la represión en lugar de «sentarse en una mesa de negociación para abordar el conflicto que vive Catalunya».

En términos similares se refirió el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, que preguntó al Estado qué grado de democracia está dispuesto a aceptar. El diputado de la CUP, Carles Riera, defendió que la mejor respuesta a la represión es la desobediencia civil e institucional, instrumentos que, según dijo, «nos permitirán lograr un escenario donde se garanticen los derechos civiles y políticos para toda la ciudadanía».

El juicio contra Torra coincide estos días con la publicación de dos informes de Amnistía Internacional y la plataforma International Trial Watch en los que se denuncia abiertamente la vulneración del derecho a defensa y la arbitrariedad de los tribunales españoles de la que es víctima el independentismo.

Así, mientras en Madrid se ultiman los pactos para un nuevo ejecutivo, la causa de ayer no hace más que enturbiar el panorama político en Catalunya.