04/12/2019

Reportaje
 
UN LLAMAMIENTO DE HUELGA PARA HACER DESCARRILAR LA REFORMA DE LAS PENSIONES

La huelga de este jueves en el Estado francés marcará –el número y la diversidad de los convocantes así lo auguran– un primer gran hito movilizador de cara a frenar la reforma de pensiones que Emmanuel Macron quiere aprobar antes del verano de 2020.

Maite UBIRIA
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La convocatoria del 5 de diciembre tiene su pequeña historia. Fue tras una exitosa jornada de protesta de los trabajadores de la red de transporte de la región parisina (RATP) cuando se marcó en el calendario una fecha un tanto lejana, pero elegida con unos claros objetivos. Se trataba de condicionar el periodo de concertación decretado por el Gobierno para tratar de pactar la reforma de las pensiones, de permitir la suma de adhesiones no solo de sindicatos, sino también empresa a empresa, y de saltar a la calle con la «decimotercera paga» (la extra) ya ingresada para poder asumir el costo de una huelga que aspira a ser locomotora de un movimiento sostenido de resistencia.

En plena campaña comunicativa del presidente francés, Emmanuel Macron, para tratar de presentar como una reacción corporativista –léase insolidaria– el malestar generado por su propuesta de establecer un régimen único de pensiones, los cinco sindicatos de la red de transporte del área parisina –Unsa, FO, CGC, Solidaires et SUD– lanzaron un pulso el pasado 13 de setiembre.

Capitalización de las luchas

Esa fuerte protesta sectorial desembocó en una nueva apuesta: llenar las calles con una gran movilización para rebatir ese proyecto con el que Macron quiere transformar en un sistema universal el crisol de regímenes de pensiones (42) existente en el Estado francés y al que se aferran muchos ciudadanos para los que esas cajas guardan además de un capital un valor simbólico: el de la capitalización de las conquistas sociales logradas a partir de la II Guerra Mundial.

Los procesos de liberalización que, sector a sector, se han aplicado en la economía hexagonal desde la década de los 80 han terminado por desfigurar bastante esos regímenes y más aún la percepción social.

Los grandes medios de comunicación, objeto a su vez de desembarcos de capital privado, han alentado un discurso que equipara los logros que se inscriben en convenios laborales con privilegios, y que presenta esas cajas que recaudan aportaciones de trabajadores y patrones en poco menos que planes de pensiones a la carta.

Ese marco discursivo, al que, con sus más y sus menos, desafía la convocatoria del 5D, obvia otros datos bastante más relevantes para entender la desconfianza ciudadana.

Según recoge un informe publicado en mayo por Oxfam, desde el inicio de la última crisis económica los grupos económicos que engrosan el CAC 40 (equivalente francés del Ibex 35) repartieron entre sus accionistas dos tercios de sus beneficios; ello en detrimento de las inversiones y, sobretodo, de los trabajadores. Con esos 47.000 millones de dividendos, las multinacionales galas se sitúan a la cabeza del ranking mundial.

Con el ascensor social cerrado por avería y la máquina de acumulación (en pocas manos) de la riqueza funcionando a pleno gas, Macron abrió tras el verano las puertas a un diálogo social sobre pensiones –al que solo se ha sumado la CFDT– pero sin renunciar a su plan de que la reforma supere el trámite parlamentario en el verano de 2020.

Sin embargo, la huelga del 13 de setiembre en el transporte parisino sirvió para apuntar hacia un programa alternativo.

Puntual o indefinida

Los trabajadores de la red de transporte público de la capital, acostumbrados a capear las críticas cada vez que organizan paros, ya que esas protestas generan, indudablemente, afecciones en los usuarios, optaban por dar cita para el 5 de diciembre. Y acompañaban esa iniciativa, que se oficializó el 18 de setiembre tras una marcha en París, con una primera alusión a la posibilidad de encarar una protesta indefinida.

De esta forma, subrayaban, el Gobierno tendría tiempo de responder a la queja lanzada por los empleados de la RATP (quinta compañía de transporte colectivo más importante, en 2014 contaba con 58.000 empleados en todo el mundo) y los otros agentes sociales dispondrían, a su vez, de margen suficiente para decidir sobre su implicación en la movilización si, como ha ocurrido, no se producían gestos por parte del Ejecutivo.

La tercera razón tenía que ver con la «importancia de la campaña navideña», lo que permitiría perturbar más los planes del Gobierno. Los sindicatos evocaban otra clave tampoco desdeñable: a finales de noviembre-principios de diciembre la mayoría de sus empleados tienen ya en sus cuentas corrientes la «paga 13» o «extra», lo que siempre ayuda a la hora de hacer el sacrificio económico que implica abordar una jornada de huelga que aspira a hacer desistir a Macron de una reforma percibida, en cierto modo, como la última trinchera.

La fecha lanzada desde el transporte parisino fue asumida por otros sectores profesionales. Ya el 16 de octubre, a las puertas de la entrada en vigor de otra reforma, la de la prestación del desempleo, ocho organizaciones sindicales y juveniles se sumaban al llamamiento. CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL y Unef apelaban a una jornada de huelga que LAB secunda en Iparralde. Los sindicatos estatales evitaban, en todo caso, la mención expresa a un paro indefinido.

Primera falta de sintonía que Macron ha aprovechado para lanzar guiños a los trabajadores independientes (autónomos) con el ánimo que agudizar las contradicciones entre trabajadores con o sin nómina.

Con todo, el síntoma de que algo nuevo se gestaba llegó el 3 de octubre, cuando la asamblea de asambleas del movimiento de los «chalecos amarillos» anunció, en Montpellier, que empujaría junto a los sindicatos.

Referente del último pulso largo en las calles, capaz de arrancar al «presidente de los ricos» algunas concesiones para «mejorar el poder adquisitivo de la mayoría», la apuesta de ese heterogéneo movimiento aportaba un nuevo ingrediente cara a cuajar una respuesta en la calle a la altura del desafío.

Desde entonces, las piezas han ido encajando una a una, hasta esbozar una movilización que se presiente muy importante.

El paro se dejará sentir fuertemente en ese termómetro clave que es el transporte. Nada menos que once centrales sindicales llaman al paro de este jueves en Air France y, de forma más global, CGT, FO, SUD y Solidaires respaldan el llamamiento en todo el sector de transportes. A reseñar que incluso CFDT apoya el paro en la ferroviaria SNCF.

En el ámbito educativo, profesores de secundaria e instituto respaldan, por vía de sus respectivos sindicatos, una llamada a la movilización que hacen suyas las organizaciones estudiantiles y juveniles. Con más impacto en la red pública, la convocatoria ha prendido con fuerza en las aulas.

El 5 de diciembre será también una «jornada muerta» en los palacios de justicia, apoyada por magistrados y abogados, y en el sector sociosanitario se espera un eco relevante, ya que tanto la reforma de hospitales como los recortes en el sector de residencias han llevado ya en los últimos meses a sus trabajadores a encadenar las protestas.

Jubilados que trabajan

También las secciones de sindicalistas veteranos están en pie de guerra. La propuesta de pensión mínima de 1.200 euros netos ( la demanda respecto al Smic o salario mínimo es de 1.800) se abre paso en el debate entre denuncias sobre la situación que atraviesan 460.000 pensionistas del Hexágono (en total hay 16 millones), obligados a seguir trabajando más allá de la edad de jubilación.

El movimiento de huelga se dejará sentir también en el servicio de Correos (La Poste), en la eléctrica EDF y en la función pública, principalmente en su escala territorial, ya muy movilizada contra los recortes puestos en marcha por el Gobierno Macron.

Con la tractorada de los agricultores en París como precedente y la llamada, ya a partir del fin de semana, del sector del transporte de mercancías a bloquear las principales autopistas –incluida la A63 que conecta el norte y el sur de Euskal Herria– como siguiente punto de referencia, el 5D promete dejar una imagen de convergencia.

La gran incógnita es si esa huelga abrirá la espita a un movimiento de larga duración, capaz de condicionar a un Macron, fuerte en la cúspide y poco anclado en la base, cara a un 2020 marcado por las elecciones municipales que tendrán lugar en primavera.

 

Principales puntos de la reforma

Emmanuel Macron se ha comprometido a implementar un sistema por puntos universal en el marco de una reforma en la que «no se tocaría ni la edad de jubilación ni el nivel de las pensiones», según aseguró en campaña.

Estas son algunas de las medidas propuestas por el alto comisario Jean-Paul Delevoye, que tratan de conjugar esas promesas con la prioridad de hacer frente al déficit de las pensiones que, según previsiones oficiales, puede oscilar entre los 8.000 y 17.000 millones en el horizonte teórico de entrada en vigor de la reforma, el año 2025.

Un sistema por puntos: Los 42 sistemas de pensiones que coexisten en el Estado francés darían paso a un único sistema de puntos que se aplicaría a todos los trabajadores, sean empleados, funcionarios, independientes, profesionales liberales, agricultores... Los «regímenes especiales», como los vigentes todavía en SNCF y RATP, serán suprimidos.

Tasa de cotización: Los asalariados del sector privado, de los regímenes especiales y los funcionarios cotizarán con el 28,12% de sus ingresos brutos, tasa de cotización que cubrirá el empleador en un 60% y el trabajador en un 40%. Se extiende así el cálculo ya vigente en el sector privado al sector público –queda por resolver cómo se tendrán en cuenta para el cálculo las primas a funcionarios y trabajadores de convenios especiales–. El mismo índice se aplicará a los independientes (autónomos) que ingresen hasta 40.000 euros anuales. Para ingresos de 40.000 a 120.000 se reduce la tasa al 12,94%.

Edad de jubilación. Se mantiene la posibilidad de acogerse a la jubilación a partir de los 62 años, pero esa no será la edad de referencia para obtener una pensión «al 100%». Así, se penalizará o se premiará con alrededor de un 5% por cada año de menos o de más trabajado. Ello con el objetivo de que la edad real de jubilación con todos los derechos adquiridos se retrase a 64 años en el horizonte de 2025. La jubilación anticipada se mantendrá en el caso de «profesiones de riesgo», como militares o funcionarios públicos que hayan prestado «altos servicios» al Estado.

Valor de compra y de liquidación del punto. Al principio de la reforma, 10 euros cotizados darán derecho a obtener un punto. Los puntos acumulados se indexarán de acuerdo a la evolución de los salarios y no a la inflación. El valor de servicio del punto, es decir el valor en el momento de la liquidación, debería situarse en torno al 0,55, en función de las evoluciones económicas y demográficas, lo que significa que 100 euros cotizados garantizarían 5,5 euros de pensión/año durante toda la jubilación.

Revalorización de las pensiones. Una vez que los puntos adquiridos se transformen en jubilación, las pensiones serán revalorizadas según el IPC, «cara a preservar el poder adquisitivo».

Regla de oro. El sistema plantea un presupuesto constante: cuando entre en vigor se equilibrará el peso de entradas y gastos/inversiones, así como la aportación de solidaridad (20% del total de la inversión/gasto). Se impondrá, así, una regla de oro de equilibrio «para perennizar la evolución financiera del sistema». Esa regla deberá garantizar que el saldo sea positivo o a la par por periodos de cinco años.

Solidaridad. Los periodos de paro, maternidad, invalidez y enfermedad darán derecho a recibir puntos de solidaridad que, a priori, deberían tener el mismo valor que los atribuidos por actividad laboral.

Cotizaciones modestas. El sistema universal garantizará un mínimo de pensión de jubilación para quienes hayan tenido ingresos más modestos. Ese mínimo ascenderá al 85% del salario mínimo o Smic neto (1.204 euros en 2019) –frente al 81% actual– y al 75% en el caso de los agricultores –se estima que un 40% de las personas de ese sector verán aumentados sus ingresos– que verán mejorada su situación al igual que los obreros-artesanos, comerciantes o personas que hayan trabajado a tiempo parcial –el 29,5% en 2019 para las mujeres, de un porcentaje global del 18,5%–.

Por hijas-hijos. Se plantea una mejora del 5% por descendiente, desde el primer hijo. Esa bonificación puede ser compartida por los dos progenitores pero será atribuida por defecto a la madre.

Viudedad. Un dispositivo de reversión única reemplazará a los 13 que existen actualmente. Ello debería garantizar al cónyuge superviviente un nivel de ingresos estimado en el 70% del total de las pensiones percibidas por la pareja. Medida solo aplicable a parejas casadas.

Periodo de transición: El sistema universal se aplicará como muy pronto a las personas nacidas en 1963. El sistema garantizará el 100% de los derechos adquiridos a 1 de enero de 2025. Esto quiere decir que serán contabilizados de acuerdo a las reglas de los antiguos regímenes y transformadas en puntos.