La Sala de lo Social del alto tribunal español ratificó el 4 de noviembre la firmeza de una sentencia del TSJPV, de abril de 2017, en la que se reconoció el derecho de 117 extrabajadores de Babcock Wilcox a reincorporarse a la plantilla de Cofivacasa, una filial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) que gestiona las compañías del grupo en proceso de liquidación. Tras trece años de sucesivas resoluciones judiciales, será un juzgado de Bilbo el que determine cómo se produce esa reincorporación y cómo afecta a demandantes que se han jubilado o a los que han fallecido.

Los afectados, al igual que otros 57 compañeros a quienes se admitió en dos sentencias anteriores ese derecho, han defendido que la privatización de la firma que fabricaba grandes bienes de equipo al grupo alemán Borsig y luego al austriaco ATB fue «ficticia» al no traspasarse la actividad de Babcock Wilcox España a los sucesivos gestores.

«Vemos que en 2001 se hace un Expediente de Regulación de Empleo, en 2004 otro, en 2008 otro más y el último en 2011. Cada tres años, más o menos, se hace un ERE porque es cuando van gastando los denominados ‘flujos negativos de caja’ que entrega la Sepi a Babcock Power España/Babcock Wilcox España/Cofivacasa. Estando a la sombra BWE, el control y capacidad de decisión siempre ha sido nefasto, no se puede gobernar un barco siendo otro el timonel, sin GPS», expone Mariasun España, que fue secretaria de dirección.

En una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de abril de 2011, se recoge: «El conjunto de datos económicos, laborales, de gestión, de dirección, de actividad, etc., pone de manifiesto que, como es indiscutible, la privatización no culminó y, por tanto, Babcock Wilcox Española SA siguió estando presente como empresa real. Como consecuencia de todo ello, la adscripción de los trabajadores a una concreta empresa, esto es, la que en cada momento tenía adjudicado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales el intento de privatizar la actividad, no dejaba de ser formal y encerraba la ilegalidad, por la vía del fraude de ley, de enmascarar al empresario real».

La «rapiña» de los directivos

Otro de los afectados, Fernando Loizaga de Urioste, que era jefe de Ingeniería, recuerda cómo los trabajadores en la primera y fallida privatización al grupo alemán Borsig, en 2001, eran conscientes antes de la falta de solvencia de los compradores, que desembocó en su quiebra.

Solo se embolsaron ayudas del Estado y Europa para «reflotar» a Babcock e intentaron desviar la compra de equipos hacia alguna de sus filiales, lo que, tras la quiebra, derivó en que «hubo que ‘pagar’ equipos hasta dos veces para proceder con el proyecto desde Sestao». Tampoco olvida que «pillaron» a directivos alemanes llevándose del garaje vehículos de alta gama propiedad de la empresa, en lo que califica de «rapiña».

«Sepi se limitaba a cerrar los ojos y dejar ‘hacer’ toda esa no-gestión y robo descarado», enfatiza Loizaga de Urioste, quien añade que la «rumorología» cifra en 100.000 euros por lo que el Gobierno español vendió Babcock en 2003 a la firma austriaca ATB, vinculada a clubes de alterne y operaciones de liquidación similares. «La hoja de ruta era deshacerse de Babcock de cualquier modo, a cualquier coste, laboral, social...».

El concurso de acreedores y el cierre definitivo de la planta de Galindo llegó en 2011, después de sucesivos acuerdos de garantías con sindicatos, como el que se rubricó en julio de 2008 entre Sepi, UGT y CCOO. En él se establecía que, en caso de quiebra antes de mayo de 2011, el personal mayor de 52 años se marchaba jubilado y el resto era recolocado en una empresa del entorno en igualdad de condiciones sociolaborales. Solo era aplicable a los trabajadores que estaban en la empresa antes de la primera privatización, en 2001.

«Por supuesto que Sepi no cumplió este acuerdo en cuanto a recolocaciones firmado con UGT y CCOO. No hicieron ni el más mínimo esfuerzo de intentar recolocar a nadie. Y, además de este incumplimiento del acuerdo, se preocuparon de añadir un párrafo en el que decía que si queríamos cobrar las indemnizaciones contempladas en estas garantías era obligatorio retirar la demanda de integración contra la Sepi», rememora España.

«Chantaje» por la demanda

«Dos delitos en un mismo documento: por un lado, el incumplimiento de lo escrito y firmado por Sepi, UGT y CCOO, y por otro lado, el chantaje que efectuaron a personas obligándoles a retirar la demanda para cobrar la indemnización. De la noche a la mañana nos encontramos abatidos en fuego amigo», confiesa esta vecina de Portugalete, que trabajó 22 años en Babcock y se quedó en la calle con 47 años, con un futuro muy incierto.

«Todos son culpables, los partidos políticos, los sindicatos, el Gobierno de España, el Gobierno Vasco, las sucesivas direcciones... que debían haber estado ‘in vigilando’ que se justificara cada euro gastado en reflotar la empresa, optando a captar nuevos productos, nuevos proyectos, modernizar instalaciones, tecnología, nuevos mercados… nada de eso se hizo. No hubo control de nada, más allá de que su objetivo era cerrar la empresa», denuncian.

«No ha habido peticiones de responsabilidades políticas, ni sindicales, ni públicas, ni de dejación de la actividad de dirección... todo esto está recogido en el Código Penal», manifiestan quienes han mantenido esta batalla en los tribunales y ahora aguardan al juzgado de Bilbo.

Testimonios

«Seguiremos luchando para que delitos como los que se han cometido en Babcock no se repitan»

MARIASUN ESPAÑA

Secretaria de dirección

«¿Por qué no se exigen responsabilida-des? Ahora hay una sentencia que dice que todo aquello se hizo mal y se debe pagar por ello»

FERNANDO LOIZAGA DE URIOSTE

Jefe de Ingeniería

«Nunca, en 90 años de existencia de la Babcock, se nos había denegado un aval. Se lo dije [a un directivo de la austriaca ATB] y me cavé mi propia tumba profesional»

JAVIER VILLAMOR

Jefe de Finanzas

El fallo puede suponer un coste de 100 millones de euros

Las sucesivas resoluciones judiciales que reconocen a 174 trabajadores su derecho a integrarse en la plantilla de Cofivacasa pueden generar a las arcas públicas un gasto superior a 100 millones de euros. Será un juzgado de Bilbo el encargado de establecer las consecuencias prácticas del pronunciamiento del Supremo.

La primera obligación del Estado, apuntan los afectados, es abonarles la totalidad de salarios que deberían haber cobrado desde 2006. En caso de no ser reintegrados, habrá de indemnizarles por despido. Queda por aclarar cómo se aplicará a los cerca de 70 extrabajadores ya jubilados y a los fallecidos.

Los extrabajadores aseguran que no deben devolver las compensaciones que ya percibieron. «No es lo mismo trabajar para una empresa ficticia que ejecutar esta sentencia por hechos anteriores y posteriores, pero es que además, en nuestro caso, ha sido condenada Cofivacasa, no la Sepi, por lo que no debemos devolver las garantías, que son un acuerdo de Sepi», exponen. A.G.

Cronología

2001

El Gobierno Aznar impulsa la compra de Babcock por parte del grupo alemán Borsig. Apenas seis meses más tarde, quebró, por lo que la firma retornó a control estatal.

2004

Los austriacos de ATB, vinculados al negocio de los clubes de alterne, cogen las riendas, buscando beneficiarse de ayudas para reflotar una empresa que fabrica grandes bienes de equipo. Los trabajadores denunciaron que no había un plan industrial detrás.

2006

La mayoría de la plantilla presenta una demanda en los juzgados en la que piden su reintegración en el grupo público.

2008

Sepi, UGT y CCOO rubrican un acuerdo de garantías, que solo sería efectivo si las y los trabajadores desisten de sus demandas judiciales.

2010

Los austriacos de ATB se encuentran en una situación delicada al no contar con más ayudas públicas para mantener la actividad.

2011

Concurso de acreedores y cierre definitivo de Babcock. Trabajadores denuncian que se ha cumplido la «hoja de ruta» que habían diseñado desde la Sepi. Sus instalaciones comienzan a ser desmanteladas para hacerse con la chatarra. Solo quedan ruinas en Galindo.

2017

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dicta una de las sentencias que obliga a Cofivacasa a readmitir a los trabajadores.

2019

El Supremo ratifica la última sentencia del TSJPV.